Funcionarios señalan que el pedido se fundamenta en que la entidad contralora debe cargar con la fiscalización del gasto de las regalías de Itaipú en todo el país y actualmente carecen de los recursos necesarios para abarcar los más de 250 municipios y 17 gobernaciones. El titular de dicha institución es Enrique García, quien se encuentra imputado y con juicio político pendiente en el Senado.
“Cualquier modificación de la Ley del Fonacide que incluya cambios en la distribución de los fondos debería considerar la asignación de un porcentaje para el control de la ejecución y aplicación de dichos fondos”, señala Nicolás Arregui, director general de Rendición de Cuentas del Fonacide en la Contraloría.
“No debería ser inferior al 2% para poder cumplir a cabalidad con el control del destino de dichos recursos”, agregó. Indicó que en 2018 el Fonacide fue de US$ 280 millones y, por lo tanto, el 2% sería US$ 560.000.
Actualmente, el 28% del Fonacide va a obras de infraestructura; el 30% al Fondo de Excelencia de la Educación e investigación (FEEI); el 23% a gobernaciones y municipios; el 7% a la capitalización de la AFD y el 10% al Fondo Nacional de la Salud.
“Así como estamos hoy día se hace difícil abarcar el control de los municipios y gobernaciones. Lo hacemos en forma aleatoria o bien tomamos muestras de las denuncias hechas por la ciudadanía y los medios de prensa”, sostuvo Arregui.
El funcionario negó que la intención sea aumentar su propio salario, pero sí habló de fortalecer la dirección bajo su mando con controles más eficientes y de contratar más auditores.