De acuerdo a los datos oficiales, el acuerdo fue firmado por la ministra Lea Giménez y el presidente del TSJE, Jaime Bestard, en el marco del Proyecto de Financiamiento Político del Programa de Democracia y Gobernabilidad, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), implementado por el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (Ceamso).
Al respecto, la ministra de Hacienda, Lea Giménez, resaltó que la iniciativa "marcará un antes y un después" en el proceso de la transparencia respecto de la financiación política y la rendición de cuentas.
La secretaria de Estado explicó, asimismo, que se trata de un proyecto que va "en línea" con la visión de lo "público en público", además de representar un paso más hacia el fortalecimiento de las instituciones.
Desde el proyecto se apoya el desarrollo de "mecanismos innovadores" para promover el acceso a la información, la transparencia, la participación ciudadana, la reducción de la impunidad y la rendición de cuentas, así como el control y monitoreo del financiamiento político con perspectiva de género.
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Señala que el Programa de Democracia y Gobernabilidad se centra en fortalecer la capacidad institucional de entidades públicas clave para que estas puedan proveer mejores servicios a la ciudadanía.
El convenio establece, entre otras cosas, una relación interinstitucional para la cooperación mutua a través del desarrollo de los proyectos conjuntos que permitan coadyuvar en el control del Financiamiento Político de las Organizaciones Políticas.
Igualmente, busca conformar un equipo técnico interinstitucional para la planificación y coordinación de acciones conjuntas y configurar los mecanismos administrativos y legales que permitan establecer los procedimientos para asegurar el cumplimiento del objetivo de este acuerdo.
Hacienda sostiene que tiene como parte de sus funciones y competencias la administración del patrimonio y del proceso presupuestario del Estado paraguayo y la verificación del uso y conservación de los bienes públicos.
Asimismo, la aplicación de la legislación referente a tributos fiscales, su percepción y su fiscalización, así como también la promoción de facilidades para la rendición de cuentas y transparencia de los actos financieros y la equidad tributaria, entre otros.
Por su parte, como máxima autoridad electoral, el TSJE tiene a su cargo la responsabilidad de velar, revisar y determinar los recursos que utilizan las organizaciones políticas en período de funcionamiento ordinario y en las campañas electorales.