El lunes 1 de enero, la exdiputada al igual que el asesor español fueron convocados por el juez Hugo Sosa Pasmor, tras la ampliación de la imputación como producción de documento no auténtico y cobro indebido de honorarios y que fue admitida por el juzgado, iniciando así el proceso contra ambos.

El magistrado señaló que el Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión, como prohibición de salida del país, de cambiar de domicilio, comparecencia mensual ante el juzgado y la aplicación de una fianza.

Consultado acerca de la posibilidad de que Valencia no se encuentre en el país al momento de la audiencia, el juez explicó que la notificación será remitida al domicilio que figura en la carpeta fiscal, en Asunción, y en caso de no presentarse, se evaluarán las medidas a tomar.

Aclaró además que en la carpeta fiscal no figura la supuesta devolución de G. 12.000.000 del salario cobrado por el asesor español por parte de la exlegisladora. Agregó que para el Ministerio Público, el perjuicio al Estado fue de G. 14.000.000, según consta en la carpeta de imputación.

Rodríguez presentó ayer renuncia al cargo de directora de Área Social de la Municipalidad de Asunción tras ser imputada por el Ministerio Público, manifestando que lo hacía para someterse a la investigación y evitar que el intendente Mario Ferreiro deba responder por el caso en cuestión, en lugar de atender los asuntos que le competen como jefe comunal.

Valencia Montes fue nombrado como funcionario en el TSJE, según consta en una resolución expedida el 10 de setiembre del año 2012, como asesor de dicho ente. El “asesor” debía cumplir un horario laboral de 07:00 a 13:00 de lunes a viernes, con la obligación de acreditar asistencia a través del sistema de firmas, no obstante los indicios refieren que no se presentaba a trabajar pero cobraba mensualmente.