La citada coordinadora está integrada por la Organización Nacional de Cañicultores Agropecuarios (ONCA), Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), Movimiento Agrario y Popular (MAP), Coordinadora Departamental de Igualdad de Oportunidades de San Pedro, la Coordinación Regional de Canindeyú.
Asimismo por la Coordinadora Departamental de Organizaciones Campesinas de Concepción (CDOCC), el Comité Nacional de Agricultura Familiar Campesina, la Federación Paraguaya de Trabajadores del Transporte (Fepatrat), Sindicato de Trabajadores de Transporte de Carga Nacional e Internacional (SITTRCNI) y Coordinadora de Empresas Asociativas Rurales Departamentales (Ceard).
En su pronunciamiento señala que la agricultura familiar campesina es el “sector poblacional más estratégico” para garantizar la sustentabilidad, la seguridad y soberanía alimentaria, la soberanía energética, soberanía ambiental y territorial para toda la sociedad paraguaya.
Extrema pauperización
Alerta que la agricultura familiar campesina está en estado de descomposición, extrema pauperización, endeudamiento y acorralamiento por el proceso de expansión del capital en el campo, a través de su proceso de concentración de tierra y centralización tecnológica que la pone en una “situación extrema de desaparición”. “Reiteramos que la concentración de la tierra, cada vez mayor, en manos de extranjeros y multinacionales, es la causa principal de la desigualdad de la población paraguaya”, asevera.
Manifiesta su “profunda preocupación” por la contaminación ambiental, el empleo de semillas transgénicas, la falta de solución estructural a la problemática de la tierra, la inexistencia de instrumentos legales y la ausencia de políticas agrarias para el desarrollo de la agricultura familiar campesina y la presión de los agronegocios.
Desplazamiento masivo
Asegura que estos sectores han profundizado la pobreza y el desplazamiento masivo de campesinos y campesinas a las periferias urbanas del país, así como también la migración forzosa hacia el exterior, produciéndose así la degradación social de las familias campesinas e indígenas y de todas las sociedades.
Finalmente, invita a acompañar la movilización nacional prevista desde el próximo 10 de julio a favor de la aprobación y aplicación inmediata de la Ley de Emergencia Nacional para la reactivación productiva de la agricultura familiar campesina, que solucione el endeudamiento masivo, el problema de legalización y regularización de los asentamientos campesinos, con proyectos productivos con articulación a mercados y garantía de precios.