El procesamiento e investigación de la fiscal Arminda Rivas de Monges forma parte del proceso judicial fraudulento iniciado por Enrique Sarubbi contra la familia Benítez Nicolaus, luego de “ganar” una demanda por cumplimiento de contrato contra su suegro fallecido. Por este motivo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados había resuelto procesarla y suspenderla.
Francisco Feliciano Duarte, suegro de Enrique Sarubbi, murió en junio de 2000 y en octubre de 2014 fue declarado culpable por el juez Manuel Saifildin Stanley, quien entregó un título de propiedad judicial al denunciante. Este documento fue utilizado por Sarubbi para desalojar a los Benítez Nicolaus de su propiedad en Minga Guazú.
La fiscal Arminda Rivas de Monges imputó a Higinio Benítez y Aurelia Nicolaus así también a sus hijos Claudia y Fernando. Enrique Sarubbi acusó a toda la familia Benítez Nicolaus de falsificación de documentos públicos y en base a esta denuncia, la agente fiscal imputó a las cuatro personas mencionadas.
El supuesto delito tuvo lugar en 1992. Luego de transcurrir 23 años, la fiscal Arminda Rivas de Monges planteó una imputación. A este elemento se agrega que Claudia tenía 11 años en 1992 y Fernando 9. La agente del Ministerio Público imputó por delito penal a dos menores de edad a pesar de haber prescripto sobradamente el tiempo para investigar, en el supuesto que haya tenido lugar realmente el delito.
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La fiscal pidió el levantamiento de la suspensión, solicitud que fue rechazada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Esta decisión así como la ratificación de la suspensión fue comunicada el pasado 22 de febrero a la Corte Suprema de Justicia para su cumplimiento.
El pleno de la Corte Suprema resolvió en su sesión del miércoles último hacer efectiva la suspensión, mandato que fue comunicado de inmediato a la afectada.
En Ciudad del Este, por otro lado, confirmaron que Arminda Rivas de Monges ya no se presentó en la oficina de la unidad penal; según la secretaría se encuentra suspendida.
En cuanto a Enrique Sarubbi, fue desalojado de la propiedad de los Benítez Nicolaus el 16 de diciembre de 2015, por mandato judicial.