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21 de Marzo de 2018 15:22

 

Corte Suprema interviene juzgados de Salto del Guairá

Por Rosendo Duarte, corresponsal

SALTO DEL GUAIRÁ. La Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó auditar seis unidades penales del Poder Judicial de esta ciudad. Tres de los jueces titulares están, además, procesados por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Los juzgados intervenidos son los que están a cargo de los magistrados Mario Brítez Ruiz Díaz, Samuel Silvero Martínez, Edy Zunilda Duarte Legal, Marta Elodia Romero de Vera, Juan Andrés Acosta Ayala y Claudio Rubén Martínez Ortiz. Además, están siendo revisados algunos expedientes que están a cargo del Tribunal de Apelaciones, donde son miembros: Gustavo Hernán Brítez, Carlos Domínguez y Edith Purificación Martínez Aquino.

El trabajo fue encargado al titular de la Dirección General de Gestión Jurisdiccional de la Corte, Mario Elizeche. La máxima instancia judicial autorizó igualmente la participación de miembros del Gremio de Abogados de Canindeyú en la realización de la auditoría, en carácter de observadores.

La intervención fue ordenada tras una serie de denuncias realizadas por abogados locales contra los magistrados, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). En principio, el control afectó solo a tres unidades penales, cuyos titulares están enjuiciados.

Luego, tras la visita de los superintendentes de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, los ministros Antonio Fretes y Miryam Peña Candia, se suspendió la primera auditoría y se ordenó la segunda, pero ampliando el alcance a seis juzgados penales y al Tribunal de Apelaciones.

Los magistrados que están enjuiciados por el Jurado son: Mario Brítez Ruiz Díaz, Samuel Silvero Martínez y Edy Zunilda Duarte Legal. Los dos primeros tienen incluso pedidos de suspensión que están pendientes de resolución en la Corte.

Casos ante el Jurado

Silvero Martínez fue denunciado por los abogados Jaime Antonio Gómez Cabral y Gabriela Nohedi Villalba Amaral, específicamente por haber decretado la prisión preventiva de Leandro Da Costa, de 79 años en ese entonces, padre de Bruno, Andrés y Erilo, procesados por el caso de los billetes bolivarianos.

Duarte Legal, a su vez, está enjuiciada por haber acompañado la postura de Martínez, cuando integró el Tribunal de Apelaciones, que finalmente por mayoría de dos votos concedió la prisión domiciliaria al patriarca de los Da Costa Amaral.

El juez Mario Brítez, a su turno, fue enjuiciado por mal desempeño de funciones en el expediente caratulado: “Manfred Peters sobre estafa y otros, regulación de honorarios del abogado Carlos Fleitas”. Se lo denunció porque habría dado trámite a un planteamiento realizado por la defensa del imputado, pese a que este se encontraba prófugo y con pedido de rebeldía.

La denuncia contra Brítez data del 10 de abril de 2017 y permanecía encajonada en el JEM. Sin embargo, tras denegar la revisión de una medida cautelar contra Bruno Da Costa Amaral, el pasado 30 de diciembre de 2017, llamativamente desempolvaron dicha denuncia y finalmente lo procesaron, al mismo tiempo que los demás magistrados que también “perjudicaron” a los Da Costa Amaral.

La última medida tomada por el JEM en el claro objetivo de destituir a los tres magistrados, rechazó los recursos interpuestos por dichos jueces en su defensa.

Varios otros magistrados de Canindeyú están igualmente denunciados ante el Jurado, por diferentes causas, pero llamativamente “priorizaron” exclusivamente el caso de los árbitros que denegaron su libertad a los procesados por los billetes bolivarianos.

 
 

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