El conflicto jurídico del Centro de Propietarios de Panaderías y Fideerías (CPPF) está en su etapa final, según informaron en visita a nuestra redacción, Carlos Fontclara y Graciela Núñez de Acosta. El proceso jurídico inició en 2014 y apunta a confirmar la validez de una asamblea de socios, en la que por unanimidad se había decidido retirar el mandato al presidente del gremio, Ramón Villalba, y la reposición de los directivos que éste destituyó arbitrariamente.
Los antiguos socios del CPPF temen que la intención de Villalba al permanecer en su cargo sea poner en venta el inmueble que el gremio posee en el centro de Asunción, valuado en unos US$ 2 millones. De otra forma, dijeron, no logran explicarse por qué esta persona se aferra al cargo, pese a la decisión asamblearia de destituirlo.
Según los datos, Villalba ha tomado numerosas decisiones unilaterales que afectan al gremio, sin respaldo de la mesa directiva. Por ejemplo, incrementó un 100% el alquiler de los locales que el Centro de Panederos arrienda a comerciantes céntricos desde hace décadas. Para Fontclara y Núñez, su intención sería que los inquilinos abandonen el lugar, de modo a que él pueda disponer de las propiedades.
Otro aspecto llamativo es que el año pasado, Villalba convocó a una asamblea en la que intentó modificar 51 artículos de los 91 que poseen los estatutos del Centro Panadero, lo que daría superpoderes al presidente del gremio, según corroboró este diario. Sin embargo, antiguos panaderos pusieron freno a esa pretensión.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
De acuerdo con los datos, se denunció la pérdida de investidura del presidente del gremio tras comprobarse que en realidad él ya no se dedica al rubro panadero, lo cual viola los estatutos. El mismo Villalba reconoció que alquilaba a otra persona su pequeña panadería, ubicada en San Lorenzo, y en varias entrevistas con nuestro diario dijo que a su criterio, deberían cambiarse los estatutos para que expanaderos también puedan ser socios.
Se denunció también el desmembramiento de la comisión directiva nombrada en julio de 2013, cuyos miembros fueron echados de forma irregular. Incluso, la secretaria del gremio, funcionaria de 35 años de antigüedad, fue cesada de sus funciones.
Cuando una asamblea general extraordinaria destituyó a Villalba en 2014, este recurrió al Tribunal Superior de Justicia Electoral, que se expidió a favor de los antiguos socios del gremio y tras varias apelaciones de la contraparte, ratificó su respaldo a la decisión asamblearia.
En vista de ello, el titular del CPPF impulsó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Según dijeron Fontclara y Núñez, esa presentación debió ser rechazada inlimine, por extemporánea y porque no se ajustaba a derecho.
Aún así, la Corte dio curso a la acción en agosto de 2015 y todavía no emitió la resolución esperada. No obstante, los panaderos consideran que próximamente habría novedades, pues ya ha pasado casi un año desde que el caso está en esta instancia.