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Parte de la comisión de la comisión directiva realizó una sesión extraordinaria el día de ayer, para consensuar una postura gremial en atención a la suspensión del fiscal Igor Cáceres, vinculado a la serie de audios difundidos por ABC Color en los que se evidenció las diversas formas de presión de los operadores de justicia, para torcer causas a favor de una de las partes, en forma deliberada.
A esta disposición se suma el enjuiciamiento a la fiscala Victoria Acuña, por una imputación errónea al diputado liberal Edgar Acosta, por supuesta recepción irregular de bolsas de cemento, causa que data de 2014. La agente del Ministerio Público ordenó su detención, sin tener en cuenta que Acosta contaba con fueros parlamentarios, según los antecedentes.
Para el gremio “el JEM debe respetar la fijación previa de los asuntos a ser tratados en el orden del día y no presentar sobre tablas cuestiones tan complejas como lo son enjuiciamientos a agentes fiscales, pues ello no refleja el manejo transparente de dichos asuntos”.
Sobre ese punto, el titular de la Asociación, Ricardo Merlo, sostuvo que los fiscales se encuentran desprotegidos en lo que respecta a las garantías para afrontar un juicio ante el Jurado, agregó que las suspensiones se dieron sin tener en cuenta la versión de los suspendidos.
Además del pronunciamiento, la directiva consideró que debe establecerse una estrategia comunicacional para dar a conocer los casos en que se incumplen con las garantías constitucionales.
Silencio en casos similares
Llamó la atención la postura del gremio, atendiendo a que en casos anteriores se llamó sugestivamente a silencio, como en el caso el fiscal Ángel Ramírez, quien investigó a la esposa de Oscar González Daher, como también de Teresa Rojas, víctima de aprietes por parte de los abogados Carmelo Caballero y José Almada.