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“Con absoluto desconocimiento de las leyes nacionales y normas internacionales para el caso del régimen con adolescentes, fue el dispositivo desplegado por la jueza Penal de la Adolescencia de Luque, Carmen Rossana Román, en el Centro Educativo de Itauguá”, expresan las primeras líneas del comunicado del Ministerio de Justicia.
De acuerdo con el reporte, la comitiva llegó a la institución acompañada con agentes de la Senad, quienes estaban equipados con armas de grueso calibre, en un recinto en el que están prohibidas las armas de fuego.
El Ministerio de Justicia, a más de manifestar su rechazo por el procedimiento, informó del hecho a la Corte Suprema de Justicia. Además, evalúa presentar denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
“El Ministerio de Justicia mantiene apertura y cooperación permanente para los operativos fiscales o judiciales, siempre que estos se realicen dentro del marco legal. A pesar del irregular procedimiento, las autoridades del Centro Educativo, así como los adolescentes que permanecen en la Institución cooperaron en todo momento con la comitiva fiscal y judicial, aunque en el procedimiento algunas pertenencias sufrieron daños”, dice el Ministerio.
Finalizado el operativo, que incluyó a canes que detectan drogas, no se encontró ningún tipo de substancias ilegales.
Acompañaron a la jueza Román la fiscala de turno, Lourdes Bobadilla, la jueza de Ejecución de Central, Rosalía González y el Defensor Público de Luque, Juan Martínez.
El Ministerio de Justicia recordó que el régimen penal de los jóvenes difiere al de los adultos, porque posee un enfoque socioeducativo que involucra a su familia y la comunidad en el proceso de reeducación. Además, conforme a las leyes nacionales y las normativas internacionales, en los Centros Educativos no se permiten muros, ni armas de fuego.