Cuando no se descansa en paz

24 de noviembre de 2002. Walter Miguel Ortega Molinas, un joven de 22 años, viajaba a bordo de su motocicleta Hero Puch por la Avenida 11 de Setiembre de Fernando de la Mora, cuando un vehículo que se desplazaba a gran velocidad lo atropelló.

El joven cayó al asfalto y como consecuencia de las lesiones que sufrió terminaría muerto instantes después. El conductor del vehículo que lo atropelló huyó del lugar, dejando al joven tirado en la vía pública. Antes de que interviniera la Policía o llegara una ambulancia al lugar, un camión de gran porte que circulaba por la avenida, pasó encima de uno de los brazos de Walter Miguel Ortega.

Walter ingresó como N.N. al entonces Centro de Emergencias Médicas (hoy Hospital de Trauma), por lo que su familia no pudo encontrar su cuerpo sino hasta nueve días después del fatídico accidente. Mientras lo buscaban, su hijo menor nacía en Benjamín Aceval, departamento de Presidente Hayes.

El 15 de noviembre de 2015, nueve días antes de que se cumplieran 13 años de su muerte en una avenida de Fernando de la Mora, Walter Miguel Ortega Molinas llegó a la sucursal de un banco de plaza en la ciudad de Luque para solicitar un crédito.

O al menos esa era la identidad de quien solicitó el préstamo y el nombre que figuraba en la cédula de identidad paraguaya que presentó para realizar el trámite.

Información comercial a la que tuvo acceso ABC Color revela que un par de meses antes, en setiembre del año pasado, Ortega Molinas había realizado una serie de gestiones en una inmobiliaria. Ya en abril de este año, volvió a solicitar un préstamo aunque esta vez a otra empresa y en mayo, hizo algunos trámites en una de las empresas de telefonía celular más grande del país.

Pero ¿cómo un muerto podía estar realizando todo estos trámites?

Walter Miguel Ortega Molinas, según revelaron publicaciones de medios de Argentina e informes internos de la Policía paraguaya, en realidad es la identidad bajo la cual se oculta en territorio paraguayo el prófugo argentino Ibar Esteban Pérez Corradi.

Según relata el diario La Nación de Argentina, Pérez Corradi, de 38 años, alias “Chiquito”, “Peludo” o “Pelado”, trabajó en el Banco Nación durante seis años y luego se convirtió en “financista” y empresario farmacéutico. La justicia del vecino país lo considera uno de los principales proveedores de efedrina, un alcaloide de amplia utilización médica sobretodo en antigripales pero también es un potente estimulante del sistema nervioso central, que puede causar alteraciones en la presión arterial y utilizada en el procesamiento de la cocaína.

Además, fue acusado de narcotráfico por haber introducido en los Estados Unidos pastillas de oxicodona , un analgésico derivado del opio, mediante el envío de una encomienda por correo privado. Por esa causa, la justicia norteamericana dictaminó un pedido de extradición.

Su nombre se haría mucho más conocido luego de 2008. El 13 de agosto de aquel año, los cadáveres de tres jóvenes aparecieron baleados y tirados en un zanjón de la localidad de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires. Se trataba del empresario farmacéutico Sebastián Forza (34), su socio Damián Ferrón (37) y del físicoculturista Leopoldo Bina (35), quienes habían desaparecido días antes cuando se dirigían a una reunión en el hipermercado Walmart, de Avellaneda, para hacer negocios de mucho dinero, probablemente con la venta de efedrina.

De acuerdo a la hipótesis de la justicia argentina, Ibar Esteban Pérez Corradi habría sido el autor intelectual del crimen ordenado en venganza contra los tres asesinados que habían intentado “puentearlo” en un negocio con el tráfico de efedrina. Además, fue procesado por el caso conocido en el vecino país como “la mafia de los medicamentos”.

Pérez Corradi pasó algunos años en la cárcel, pero fue excarcelado en 2011. En 2012, un juez solicitó su detención, pero cuando la Policía lo buscó en la casa en la que había fijado domicilio se encontraron con que se había fugado. Desde entonces es buscado por las fuerzas del orden argentinas.

En febrero pasado, una serie de versiones alertaban de que el procesado por narcotráfico se encontraba viviendo en Alto Paraná, más específicamente en el exclusivo Country Club de Ciudad del Este. Esas versiones fueron descartadas enseguida, aunque la posibilidad de que se encontrara en territorio paraguayo uno de los hombres más buscados por la Interpol en Latinoamérica se había instalado.

Días atrás, esta versión volvió a tomar fuerza luego de que un medio argentino publicara que Pérez Corradi se encontraba en territorio paraguayo.

Según la publicación, Pérez Corradi obtuvo supuestamente en agosto de 2015 tres cédulas de identidad y tres pasaportes a nombre del ciudadano paraguayo Walter Miguel Ortega Molinas, quien había fallecido en un accidente de tránsito el 24 de noviembre de 2002 en la ciudad de Fernando de la Mora.

La cédula habría sido tramitada por efectivos policiales que trajeron desde la oficina chaqueña del departamento de Identificaciones, oficina encargada de la emisión de documentos como cédulas y pasaportes, los datos que había que agregar a la cédula a la que le hicieron una “cirugía” para incrustar las huellas dactilares y la foto del criminal argentina.

Con su nueva cédula paraguaya en mano, Pérez Corradi en persona se encargó de gestionar después su pasaporte.

Apenas un mes después, ya estaba realizando gestiones en una inmobiliaria, probablemente con la intención de comprar alguna propiedad y cuatro meses después ya estaba solicitando un préstamo en un banco de plaza.

Para evitar problemas, se habría encargado de pagar alrededor de US$ 100.000 mensuales a algunos efectivos policiales que le brindaban seguridad. Por el trámite de los documentos de su identidad paraguaya habría abonado unos US$ 200.000.

Pérez Corradi no contaría con solo un documento falso, sino con al menos dos identidades que utiliza para movilizarse dentro del país. De hecho, a pesar de contar con un pasaporte a nombre de Walter Miguel Ortega Molinas, este documento no fue utilizado nunca para entrar o salir al país, de acuerdo a registros migratorios a los que tuvo acceso a nuestro país. 

Fuentes de la Dirección de Migraciones señalaron que no se descarta que para movilizarse en la frontera, Pérez Corradi utilizara otro documento. “Es una suposición, pero si era narco dudo que presente alguna identidad real a alguna autoridad. Lo común de esa gente es utilizar para transacciones financieras o obtener otro tipo de cosas”, explicó un alto funcionario.

El escándalo le costó el puesto al titular del Departamento de Identificaciones de la Policía, el Crio. Gilberto Gauto, quien fue removido del cargo luego de varios años de encontrarse en el lugar. Antes de abandonar el cargo, explicó que para ellos era imposible registrar los decesos debido a que los datos de muerte son consignados en el Registro Civil y ellos no tienen acceso a los mismos.

Gauto no se fue sin antes de salpicar al mismísimo comandante de la Policía, Críspulo Sotelo, en el escándalo. Alegó que la supuesta investigación interna que detectó que el narcotraficante argentino Ibar Esteban Pérez Corradi tenía documentos paraguayos se inició hace aproximadamente un mes.

Incluso, insinuó que supuestamente para la Policía era más importante concretar primero la captura del extranjero, para después ocuparse de sancionar a los agentes corruptos que el año pasado le consiguieron la cédula y el pasaporte, al adulterar el prontuario de un joven fallecido hace casi 14 años.

El mismo ministro del Interior, Francisco De Vargas, insinuó que el Comandante de la Policía tiene responsabilidad “penal, administrativa y hasta política”.

Mientras todo esto pasaba, una familia soportaba el dolor de saber que la identidad de uno de sus miembros había sido usurpada por uno de los criminales más buscados en la región. “Se le sigue torturando a mi hijo después de 14 años de muerto”, señaló a ABC Color María Estela Molinas viuda de Ortega, la madre de Walter Miguel, el joven cuya identidad fue usurpada por el criminal argentino.

Visiblemente dolida, la mujer indicó que hubo gente que en los últimos días intentó enlodar a toda su familia, cuando que ellos están siendo afectados también por la situación. “Nosotros somos víctimas. No se juega con los muertos”, aseveró.

El mayor de los hijos de María Estela, Orlando Javier Ortega Molinas, es suboficial inspector de la Policía, institución a la que ingresó hace ya 12 años, según consta en la nómina de funcionarios publicados por el Ministerio del Interior. Algunas versiones señalaron que el mismo podría tener cosas que explicar en el caso de la usurpación de la identidad de su hermano, afirmaciones que no hicieron otra cosa que acrecentar aún más el dolor de esta madre.

“Hablé con él y me dijo 'que investiguen lo que quieran, mamá: yo tengo la conciencia tranquila'. Él no tuvo nada que ver”, afirmó la señora.

Molinas recordó que el caso de la muerte de su hijo quedó impune debido a un deficiente trabajo de investigación del Ministerio Público. “Se hizo una injusticia tan grande con él, aquella vez. Me entregaron su cuerpo después varios días, ya todo agusanado prácticamente porque estaba como NN y la morgue estaba con problemas. Y ahora le están haciendo esto”, dijo con la voz entrecortada.

Como viuda de un comisario retirado de la Policía, dijo sentirse todavía más dolida al saber que efectivos de la fuerza del orden en la que sirvió su marido estén involucrados en la usurpación de la identidad de su hijo. “Me duele en el alma”, sentenció.

Dijo esperar que la fiscal Sandra Quiñónez realice un buen trabajo en la investigación del caso y que no se repita la impunidad que se dio con la trágica muerte de su hijo hace ya casi 14 años.

juan.lezcano@abc.com.py - @juankilezcano