DD.HH., ¿a quiénes ayudan?

“Las organizaciones por los Derechos Humanos (DD.HH.) solo defienden a delincuentes”. Esa es una expresión que más de uno habrá escuchado. Pero, ¿en qué casos estas ONG ayudan a la ciudadanía? ¿Cuál es su función? He aquí algunas respuestas.

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El martes último, una organización por los Derechos Humanos (Sin Fronteras) había criticado el trato que la justicia paraguaya les está dando a los ciudadanos extranjeros (tres mexicanos, un belga y un dominicano) detenidos por el caso lingotes de oro. Su representante, Lidia López, había asegurado incluso que los extranjeros están siendo privados de su libertad injustamente y que los lingotes son de bronce, no de oro.

Esta noticia generó innumerables críticas hacia las ONG que buscan salvaguardar los Derechos Humanos. En las redes sociales, frases como “estas organizaciones solo protegen a los delincuentes” o “Edelio Morínigo (secuestrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP) sigue en cautiverio y los DD.HH no se manifiestan” salieron nuevamente a flote. Entonces, ¿para qué están?

El secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Óscar Ayala Amarilla, habló sobre las funciones de la organización, incluso sobre las críticas que reciben. “Cuando hablamos de Derechos Humanos, de categoría jurídica, se da de manera vertical, entre las instituciones del Estado y el ciudadano. Cuando hablamos de violación de Derechos Humanos se trata de incumplimiento del Estado en su deber de satisfacer los derechos de la ciudadanía”, indicó Ayala Amarilla.

Esto significa que en casos sonados como asaltos con resultado fatal perpetrados por “motochorros”, o bien, secuestros perpetrados por el EPP, estas ONG no tienen intervención, pues se trata de cuestiones que se desarrollan entre ciudadanos en que no tienen participación instituciones del Estado. “Pueden ser hechos muy graves perpetrados por particulares, pero, al no haber intervención del Estado, técnicamente no estamos ante el incumplimiento de una obligación”, argumentó.

En ese contexto, dijo que las funciones de una ONG que busca salvaguardar los Derechos Humanos no solo se limita a denunciar los atropellos del Estado, sino también a trabajar con las instituciones públicas para que estos errores no se vuelvan a repetir.

Ayala Amarilla explicó, al menos en lo que respecta a los procedimientos de Codehupy, que realizan un monitoreo general sobre los casos en que se registraron abusos de poder por parte del Estado, para así presentar anualmente un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el país.

Pero sí existen temas específicos que son punto de atención de la organización, uno de ellos la “criminalización de la protesta social”, cuando manifestantes son reprimidos, por ejemplo. Ayala Amarilla afirma que es difícil acompañar todos los casos existentes de este tipo, pero si hay petición de una familia afectada para judicializar un caso, se toma un hecho grave que represente la realidad de otros episodios similares. En este aspecto, tienen registrados 119 casos de campesinos muertos durante enfrentamientos con policías en el marco de la lucha por la tierra.

Para el titular de Codehupy, las críticas hacia el manejo de las ONG que luchan por los Derechos Humanos se deben a dos factores: desconocimiento de la ciudadanía del rol que cumplen estas instituciones y -a modo de meaculpa- la falta de mayor trabajo y acercamiento con la sociedad. Sostiene además que sectores políticos y económicos también contribuyen (interesadamente) a crear la sensación de que los DD.HH. son solo para delincuentes.

En lo que respecta a comentarios en redes sociales -y agregaría parlamentarios- que proponen “arrasar” o “bombardear” la totalidad del Norte para eliminar a los miembros del EPP, para Ayala esto no puede ser así, pues el Estado, por las reglas de juego democráticas, solamente puede privar de su libertad y llevar a juicio a una persona si logra establecer su responsabilidad en un hecho penal.

“Cuando la justicia no puede demostrar la culpabilidad de una persona, pues se la debe dejar libre, por más presión ciudadana que exista. Ese es un precio muy alto que pagamos como sociedad, pero es el precio de la libertad”, enfatizó. 

En lo que respecta a las fuentes de financiamiento de las organizaciones por los Derechos Humanos, Ayala Amarilla precisó que la mayor parte de sus fondos provienen de ayuda del exterior por parte de otras instituciones que tienen la misma visión que la beneficiada con los recursos. Además, aceptan donaciones de sectores privados. “No recibimos ayuda del Estado”, concluyó Ayala.

Para quienes quieren ayuda de la organización, instó a buscarla en las redes sociales como Codehupy (en Facebook y Twitter) en la página web www.codehupy.org.py.

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