El presidente de Codehupy, Óscar Ayala, explicó a Efe que han expuesto al ministro del Interior, Tadeo Rojas, su “preocupación” por los hechos ocurridos durante procedimientos de desalojo como el ocurrido en enero la colonia Guahory (centro), donde se registraron varios heridos y 12 campesinos fueron detenidos.
Meses atrás, en septiembre, familias campesinas de Guahory fueron desalojadas por más de 1.500 policías en un procedimiento que se realizó sin ninguna orden judicial y violó derechos humanos como la vivienda, alimentación, agua y seguridad de los pobladores, según la Codehupy.
En ese sentido, Ayala indicó que esos procedimientos “forzosos” son ilegales en base al derecho internacional y violan los tratados sobre respeto a los derechos humanos establecidos por las Naciones Unidas (ONU).
En el caso de los procedimientos bajo orden judicial, Ayala destacó que propusieron a Rojas la articulación de procedimientos no violentos pese a tener el reconocimiento jurídico de la Justicia paraguaya.
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Ayala indicó que hay establecidos procedimientos internacionales para estos supuestos alternativos al uso de la fuerza por parte de la Policía en caso de oponer resistencia al ser desalojado.
Por su parte, el ministerio del Interior informó a través de un comunicado que se garantizará el “respeto irrestricto de los derechos humanos para todos los presentes en cada procedimiento policial”.
Añadieron que se pondrá especial énfasis en el cuidado, asistencia y contención de las “personas más vulnerables en cada operativo” en relación a niños, niñas, mujeres, personas de la tercera edad e indígenas, señaló la fuente.
Ambas partes señalaron el clima de “apertura” que hubo en la reunión y establecieron para el futuro una mesa de debate en la que se podrán matizar más los puntos que podrían ser útiles para establecer estándares de respeto a los derechos humanos por parte de la Policía en los procesos de desalojos..
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó la semana pasada información al Estado paraguayo acerca de las “medidas para proteger la vida e integridad personal” de los campesinos de Guahory.
El escrito argumenta que el Estado no ha tomado ninguna medida de protección de los derechos de los campesinos desalojados, y expone que estos se encuentran en “grave vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social irreparable”, como consecuencia de su expulsión de las tierras.
Paraguay es uno de los países del mundo con mayor desigualdad en la posesión de tierras, donde menos del 3 % de la población es dueña de cerca del 85 % de la tierra, según la ONG Oxfam.