Deberán devolver dinero

El comisario Carlos Joel Jara Adorno, procesado por lesión de confianza en calidad de coautor en el millonario desvío de dinero que debía ser utilizado para la compra de combustibles en la Policía, decidió admitir todas las acusaciones que pesaban en su contra y acogerse de esa manera a la suspensión condicional del proceso.

Para evitar una condena privativa de libertad, el exadministrador de la Policía deberá pagar mensualmente G. 4.165.000 al Hogar de Ancianos “La Piedad”, ubicado en el barrio Mburucuyá de Asunción. El pago deberá realizarse antes del 10 de cada mes y hasta completar un total de G. 150 millones, de acuerdo a lo que dispuso el juez penal de Garantías Gustavo Amarilla.

Además, de acuerdo a lo dispuesto por el magistrado, Jara Adorno tiene prohibido cambiar de residencia y deberá comparecer cada tres meses ante el juzgado de Ejecución. El plazo de esta medida es de tres años, luego del cual, la causa será declarada extinta y el acusado será sobreseído definitivamente.

También fue beneficiado con la suspensión condicional del proceso el suboficial 2º Rosalino Benítez Martínez. De acuerdo a la investigación, éste último era quien se encargaba de llegar hasta los servicentros y negociar con los playeros la utilización de las tarjetas para la extracción del dinero, a cambio del 10% de cada operación.

Benítez Martínez deberá pagar mensualmente G. 333.300 al mismo hogar de ancianos, hasta completar la suma de G. 4.000.000. El plazo de esta medida es de un año, luego del cual, la causa será declarada extinta y el acusado será sobreseído definitivamente.

Temprano en la mañana del 20 de mayo de 2015, en la sala de conferencias del Ministerio del Interior, el titular de esa cartera del Estado, Francisco de Vargas, anunciaba lo que era un rumor a voces desde la noche anterior: Francisco Alvarenga era destituido del cargo de comandante de la Policía Nacional, luego de verse implicado en el escándalo de desvío de fondos que las fuerzas del orden debían destinar a la compra de combustible para algunos de sus equipos especiales.

El escándalo había salido a la luz una semana antes, cuando desde la misma Policía presentaron ante el Ministerio Público una denuncia tras la detección de un faltante de alrededor de G. 1.100 millones que debían ser destinados a la compra de combustibles. La exorbitante suma correspondía apenas al mes de abril de 2015.

De acuerdo a la primeras declaraciones brindadas entonces por la comisaria Elisa Ledesma, jefa de Relaciones Públicas de la Policía, alrededor de 186 tarjetas de combustible habían sido utilizadas para efectivizar el dinero que debía ser destinado al abastecimiento de unidades especiales como Antisecuestro.

En la primera conferencia de prensa, Ledesma insistía en que Alvarenga era el ordenador de gastos dentro de la Policía, pero que el mismo no tenía responsabilidad en el caso y apuntaban al comisario Juan Mendoza y al suboficial Roberto Osorio como los principales sospechosos. Poco más de una semana después, la versión inicial caía por el suelo.

Una investigación periodística realizada por un equipo de ABC Color comenzó a revelar la lujosa vida que llevaban los implicados en el caso. Osorio, siendo apenas un suboficial, era propietario de una coqueta casa en Fernando de la Mora, una residencia de verano y varios automóviles de lujo, entre ellos una camioneta Audi Q7 por la que había pagado en efectivo.

Osorio ya había sido separado en 2008 luego de ser vinculado a una serie de maniobras corruptas. Sin embargo, varios de los implicados terminarían volviendo a puestos clave una vez que Alvarenga ocupó el cargo de máximo jefe de la Policía Nacional. El 14 de mayo se procedió a la imputación de Osorio por estafa, producción de documentos no auténticos y enriquecimiento ilícito.

Fueron imputados además el comisario Juan Mendoza, girador de la Comandancia, a cuyo cargo estaba la División de Combustibles. También fueron imputados los playeros Víctor Ojeda, Derlis González y Gustavo Rodríguez.

El 15 de mayo la Policía Nacional detuvo a Osorio en Ciudad de Este. El 16, el juez Hugo Sosa Pasmor, a pedido del Ministerio Público, ordenó prisión preventiva del policía en la cárcel de Tacumbú. Ese mismo día fue imputada Ada Liz da Rosa, esposa de Osorio, en carácter de cómplice por enriquecimiento ilícito.

El domingo 17 de mayo fue allanada la vivienda de Nelson Osorio, padre de Roberto Osorio, situada en Fernando de la Mora, Zona Norte, de donde los fiscales Aldo Cantero y Luis Piñánez incautaron varias bolsas de basura que contenían documentos originales, pertenecientes a la Policía Nacional. Al día siguiente, la Fiscalía allanó una casa de verano en San Bernardino, inscripta a nombre de Ada Liz da Rosa.

Desde la cúpula policial aseguraban insistentemente que caerían con todo sobre los responsables, aunque varios de ellos formaban parte de hecho del esquema involucrado en el caso. El robo alcanzaba proporciones descomunales.

El escándalo comenzaría a afectar cada vez más a Alvarenga, cuya imagen ya era bastante cuestionada en ese momento. El 19 de mayo, en horas de la tarde, los fiscales que llevaban adelante la investigación allanaron un estacionamiento ubicado bajo la Plaza de la Democracia, en pleno centro de Asunción y a pocas cuadras de la Comandancia de la Policía.

En el lugar se incautaron dos automóviles, uno de ellos un Mercedes-Benz tipo CLK 230 que pertenece al hijo del –hasta ese momento– comandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga, por lo cual, esa noche el entonces jefe policial fue imputado horas más tarde, así como su hijo Francisco Alvarenga Rotela y el administrador de la Policía, Carlos Joel Jara.

El espacio por el estacionamiento de ese vehículo y otros tres era pagado por el suboficial mayor Roberto Osorio, quien trabajaba en la División Combustible de la Policía y aparecía como el principal involucrado del caso. Alvarenga fue imputado inicialmente por lesión de confianza, en carácter de coautor y luego llegaría otra imputación por supuesto enriquecimiento ilícito.

La investigación de ABC Color revelaría también la buena vida que llevaba Alvarenga, quien pocos meses después de haber asumido como máximo jefe policial decidió comprarse una estancia en el distrito de Mbocayaty, departamento de Cordillera.

Vehículos de la Policía fueron utilizados para transportar materiales al lugar, relataron en la zona. En Capiatá posee una elegante residencia con garita policial incluida. Estancias con caballos de alta genética que pueden llegar a costar hasta US$ 30.000, equipados con ornamentos de hasta G. 30 millones para jineteadas. Pago de adiestradores, residencias de fin de semana con piletas y parques, pago de decoradores de interiores para sus hogares. Adquisición de oficinas y departamentos que llegaron a costar hasta G. 80.000.000. Todo ello había conseguido Alvarenga con su sueldo como efectivo policial.

El de Alvarenga fue el primer caso de un comandante de la Policía imputado por un caso de corrupción estando aún en ejercicio de sus funciones. Para tratar de evitar el “golpe”, el ministro del Interior, Francisco De Vargas, llegó a pedir a la Fiscalía que le dieran 24 horas para destituirlo y después anunciar su imputación. El pedido no fue escuchado.

En lugar de Alvarenga fue nombrado como comandante de la Policía Críspulo Sotelo, quien se debía encargar de sancionar a los responsables del escándalo; sin embargo, fue su propio antecesor quien sugirió su nombre para ocupar el cargo de máximo jefe de las fuerzas del orden.

En realidad, ambos son grandes amigos y comparten la pasión por los caballos y las jineteadas. Varias son las fotos en que aparecen compartiendo sobre sus corceles y también en fiestas particulares. Tras ser sacado e imputado por corrupción, el saliente dio consejos de honestidad al reemplazante que él mismo sugirió.

Semanas atrás, los fiscales Igor Cáceres y Luis Piñánez acusaron y pidieron juicio oral para el excomandante de la Policía Nacional Francisco Alvarenga y otros implicados en el negociado de tarjetas de combustible.

Alvarenga fue acusado como autor de lesión de confianza. Por su parte, el suboficial Roberto Osorio fue acusado por estafa y producción de documentos no auténticos junto con el exgirador Juan Mendoza.

Jara Adorno era otro de los altos mandos de la Policía que también llevaba una vida de lujos que poco condecía con sus ingresos como jefe de las fuerzas del orden y que fue destituido una vez que saltó el escándalo.