/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/AECAA75GGJFBFC6UEHZQOORWMY.jpg)
Cargando...
La máxima instancia judicial, a través de la Sala Constitucional, se expidió sobre la controvertida acción de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la Ley 5033/13, medida que fue cuestionada por varios sectores debido a que la Corte se convertiría en juez y parte en la aplicación de la normativa.
Tras idas y vueltas, finalmente a Sala Constitucional resolvió dejar sin efecto el artículo segundo y, por lo tanto, se mantiene la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas, señala el comunicado de la Corte Suprema de Justicia.
De esta manera los ministros de la Corte, jueces y funcionarios deberán cumplir con la disposición al momento de asumir y al finalizar un cargo permanente.
La acción fue presentada por la abogada Mirtha Morínigo de Florentín, asesora jurídica de la Corte, quien argumentó que la medida no pretendía evitar el cumplimiento de una obligación legal, sino que atacaba cuestiones de forma en lo que respecta al requerimiento de información.
La abogada sostuvo que en el formulario se incluyeron preguntas que no correspondían o que no figuraban en la Constitución Nacional, como el estado de deudas y la exigencia de datos patrimoniales del cónyuge, incluso cuando no sea funcionario judicial.
En horas de la mañana de este jueves, la ministra Gladys Bareiro de Módica se comprometió a rectificar en parte el acto interlocutorio que evita que la Contraloría realice correspondencia de sus bienes.