Declaración de bienes es información pública

El amparo promovido por el periodista Juan Carlos Lezcano en contra de la Contraloría General de la República, finalmente fue concedido.

Según consta en la resolución del documento, a partir de ahora se deberán enmarcar los informes solo dentro de los propios del funcionario público declarante y no será extensible a los que pertenezcan a sus parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad.

Esto debido a que los familiares no están en el ámbito público por ser bienes afectados a particulares que pueden no ser funcionarios del Estado.

Es por esto que el juzgado consideró que los bienes deben mantenerse fuera de la información a ser proporcionada al accionante. Los datos a ser proporcionados deben ser los que abarcan la totalidad de los activos y pasivos del funcionariado, y de los ingresos y gastos, debidamente especificados y valorizados tanto en el país como en el extranjero.

También se deberán expresar los valores respectivos del declarante, su cónyuge bajo régimen de comunidad ganancial de bienes, aún en caso de uniones de hecho, y de los hijos menores del mismo sometidos a su patria potestad.

La Contraloría había calificado de improcedente el amparo constitucional promovido por el periodista Lezcano. La acción había sido impulsada para obtener las declaraciones juradas de Horacio Cartes y Juan Afara.

También se habían solicitado las declaraciones juradas de gobernadores, concejales departamentales, intendentes y concejales municipales, ministros del Poder Ejecutivo, ministros del Poder Judicial, miembros de los directorios del Banco Central del Paraguay y el Banco Nacional de Fomento, directores y consejeros paraguayos de las Entidades Binacionales Itaipú y Yacyretá, además de los datos de varias otras autoridades de instituciones públicas.

A través del documento de rechazo, la Contraloría había reconocido que estas declaraciones juradas ya habían sido solicitadas en varias ocasiones y la respuesta siempre fue la misma.