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La comitiva fue por tierra hasta el lugar conocido como Ciervo Blanco, y desde allí iniciaron el operativo por agua, realizando el control hasta la desembocadura con el río Paraguay. La verificación de embarcaciones que se encontraban pescando en la zona, derivó en el decomiso de unos 10 mil metros de redes de monofilamento (Prohibida por ley de pesca). También se procedió a la incautación de dos redes de hilo de seda, sin la medida reglamentaria y 200 metros de espineles instalados en lugares prohibidos.
Los pescadores, que en su mayoría no contaban con la licencia para realizar esta actividad, también portaban dos escopetas y un rifle, sin la autorización requerida, por lo que las armas fueron requisadas. Los infractores, Andrés Núñez, Sergio Cardozo y Gaspar Enrique Cáceres oriundos de Capiatá, admitieron no contar con las documentaciones y no ofrecieron resistencia al momento de ser descubiertos "in fraganti" por el grupo de control.
Tras cumplir con la misión y regresar con los elementos decomisados, el representante de la Secretaría del Ambiente recibió una llamada telefónica de una persona que se identificó como Víctor Ramón Silva y dijo trabajar en el Palacio de Justicia de esta ciudad y ser secretario del juez Carlos Domínguez. El sujeto inicialmente pretendió "sensibilizar" sobre la necesidad de entregar los elementos incautados, pero posteriormente amenazó de muerte al funcionario de la Seam.
Durante la comunicación telefónica, Silva admitió ser "mariscador", dijo que en el día del operativo traía dos bolsas con carne de ciervo, y otras con carne de carpincho y de vaca. Resaltó que el representante de la Seam había tenido suerte de no encontrarle, "porque no sabía que podría pasar".
A pesar de la amenaza, el funcionario de la Seam dijo que los controles persistirán y radicó denuncia en la sede de la Policía Nacional. Igualmente informó del caso a las autoridades del Poder Judicial de Pilar. "Cuando se dan estas amenazas, es porque estamos haciendo bien nuestra tarea, lo que molesta a quienes infringen las leyes", significó Javier Encina.
Pobladores de la zona, que por temor a represalias solicitaron mantener en reserva sus nombres, habían denunciado la incursión de numerosos pescadores furtivos, que además de depredar la fauna íctica y animales en vía de extinción, también se dedicarían al abigeato, sembrando el temor en la zona, ya que los mismos portan armas de fuego. Los ganaderos de la zona manifestaron que son víctimas del accionar de estos supuestos pescadores y cazadores.