El representante fiscal dijo a ABC Cardinal que el polémico decreto Decreto 7702, del 14 de setiembre de este año es preocupante porque pasa por encima de cualquier estudio de impacto ambiental para la depredación de bosques en propiedades privada, lo que atenta contra tratados de convenciones mundiales sobre ambiente a los cuales está suscrito Paraguay incluso desde la década de los 70.
Asegura que laa Contraloría está facultada para hacer un análisis de gestión de las políticas por parte de las instituciones públicas del ambiente y si hay cuestiones en contra de la ley que generen daños ambientales tipificados en las leyes, tendrían que remitir al Ministerio Público.
“Acá lo grave sería que funcionarios públicos avalen decisiones al margen de la ley”, alertó el fiscal.