En comunicación con ABC Color, el abogado Leopoldo López señaló que la actuación de la dependencia estatal está avalada en la Ley 1328/98, que ratifica a la Dinapi como órgano de aplicación de dicha normativa, a pesar de la resistencia de las autoridades de APA, quienes intentaron trabar la labor de los fiscalizadores impidiendo el acceso al recinto y con la negativa a proveer los documentos solicitados.
Ante situaciones como estas, la ley establece como procedimiento la realización de una audiencia entre las partes, paso previsto para el próximo 30 de marzo. Se trata de un juicio sumario donde se estaría analizando el informe de la Dinapi donde se hablan de las supuestas irregularidades y el descargo de la entidad en cuestión.
Del resultado de la audiencia y la valoración de los elementos presentados por ambas partes se evaluará una absolución o en caso de constatarse las irregularidades entonces proceder a las sanciones previstas en el artículo 149. De acuerdo a la normativa vigente, Autores Paraguayos Asociados se expone a sanciones que pueden variar de acuerdo a la gravedad, siempre y cuando se compruebe la comisión de infracciones. Las mismas son: amonestación privada y escrita; 2. amonestación pública difundida a través de los medios de comunicación social que designe la Dirección, a costa de la infractora; 3. multa que no será menor de diez salarios mínimos ni mayor de cien salarios mínimos, de acuerdo a la gravedad de la falta; 4. suspensión de la autorización para su funcionamiento hasta por un año; 5. cancelación del permiso de funcionamiento en casos de particular gravedad.
El abogado señaló que las autoridades de APA -al negarse a colaborar con la fiscalización- cometen un error interpretativo de la ley o directamente no están queriendo entender el espíritu de la misma. "Ellos están desconociendo el cumplimiento de la ley en cuanto a la fiscalización se refiere", indicó.
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En otro momento aclaró que la justicia ordinaria no tiene impedimentos en intervenir a petición de partes al tratarse de un poder autónomo. Esto no impide que la Dinapi siga en el cumplimiento de sus funciones y siga avanzando en la fiscalización.