Puntualmente a las 17:00 de hoy feneció el plazo para el cumplimiento de la declaración jurada para 250 intendentes de todo el país, de este número un total de 26 intendentes incumplieron con la normativa a pesar de la prórroga otorgada por la Contraloría General de la República para aquellos intendentes de las localidades más alejadas.
Entre los intendentes que se pusieron “en regla” figura Denilso Chicharõcito Sánchez Garcete, intendente de Capitán Bado para quien se ordenó la prisión preventiva en el penal de Tacumbú, tras presentarse ante la comisaría local en la noche del domingo último, sobre el mismo pesaba una orden de captura desde mayo de 2015, por lavado de dinero presuntamente ligado al narcotráfico.
A pesar de contar con una orden de captura, Sánchez se candidató a la intendencia, ganó los comicios y juró ante la Junta Municipal local a escasos metros de la comisaría de Capitán Bado. En efecto la conducta evasiva de Sánchez Garcete fue uno de los aspectos fundamentales que determinaron su reclusión en Tacumbú, mientras que su defensa planteó que el arresto se cumpla en la propia sede comunal, de tal forma a que pueda ejercer sus funciones como intendente electo.
La disposición que abarca tanto a intendentes entrantes como salientes y también a concejales entrantes y salientes, contempla una multa de G 21.000.000 y la prohibición de ocupar cargos públicos. Una vez concluido el plazo el ente contralor procederá al cruzamiento de datos con la justicia de tal forma a identificar a los funcionarios en falta y proceder a la sanción administrativa.
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El apresuramiento por presentar antes del vencimiento de la declaración jurada ocasionó el colapso del sistema informático para la impresión del formulario el lunes último, razón por la cualla CGR amplió el plazo hasta la tarde de hoy.