A través de radio Guyracampana de esta ciudad, Emilio Camacho, en representación de Juan Francisco Giménez Fonseca, afirmó que la denuncia la presentó en el JEM el jueves último, debido a que ambos violaron la constitución nacional por imputar y ordenar la detención de Giménez Fonseca por supuestas deudas contraídas con un ciudadano menonita.

Su defendido fue detenido el 18 de enero pasado en esta zona cuando llovía en plena vía pública y lo introdujeron el calabozo de la comisaría tercera de esta ciudad, de donde este sábado lo trasladaron a la penitenciaria regional de Concepción.

Expresó que meten preso a un ciudadano de 64 años, con diabetes y afecciones cardiacas a quien detuvieron por deudas en una cuestión contractual (contrato civil), relacionada a un trabajo desarrollado por menonitas en unas tierras de 200 hectáreas que Giménez Fonseca arrienda en esta zona.

Señaló que el mismo juez dice que se trata de un contrato verbal y ante la simple denuncia, ellos lo convirtieron en prisión preventiva por deudas, que no ocurre en Paraguay desde hace años, debido a que la Constitución Nacional expresamente en su artículo N° 13 prohíbe la prisión por deuda.

También explicó que el artículo 4 del código procesal penal consagra de inocencia presunta que también en caso de dudas siempre se estará a favor del procesado y dictaron la prisión preventiva sin que estén reunidos en los artículos 242 del mismo código.

El profesional de derecho calificó de arbitraria e inconstitucional la actuación del juez Centurión y del fiscal Zárate por una deuda de una determinada suma de dinero en guaraníes que no se especifica en los documentos del fiscal ni del juez. Afirmó que los representantes de la justicia violentaron el artículo de la Constitución Nacional, debido a que nadie puede estar preso por deudas, remarcó.

Por su parte el fiscal Zarate calificó de falsas la acusaciones de Camacho contra el Ministerio Público y el juzgado, debido a Giménez Fonseca cometió una estafa contra el menonita Peter Harder a quien lo contrató para realizar trabajos de limpieza y preparación de suelo en sus tierras. El agente afirmó que fue el propio Giménez Fonseca quien dijo a los menonitas que él era el dueño de esas tierras.

Señaló que los menonitas trabajaron en las 200 hectáreas de tierras de la estancia “Che Poa” ubicadas en este departamento, pero Giménez Fonseca no les pagó el monto de 300 millones a los trabajadores. Zarate Indicó que al principio Harder creyó que las tierras eran propiedad de quien les contrató, pero al no cobrar por el trabajo y al enterarse de que fueron arrendadas por el mismo, decidieron denunciarlo en la fiscalía. Por otra parte afirmó que el abogado Camacho no presentó un certificado de vida y residencia de Giménez y por no justificar donde vive, lo apresaron.

También intentamos recabar la versión del juez Centurión a quien no lo ubicamos, debido a que su celular respondía que está apagado o fuera de cobertura.