La denuncia presentada este martes es por los delitos de lesión de confianza, actividades peligrosas en la construcción, exposición de personas a lugares peligrosos y omisión de dar aviso de un hecho punible. La investigación estará a cargo de la fiscala Cinthia Leiva.
Por todos estos hechos, también fue denunciada Susanne Wibi, propietaria de los edificios ubicados en el barrio Boquerón y donde funciona la sede penal de la Sexta Circunscripción Judicial, que cubre Alto Paraná y Canindeyú.
El documento presentado por el Colegio de Abogados afirma que los ministros de la Corte, como superintendentes de esta circunscripción judicial, habilitaron irregularmente el edificio de la sede penal del Poder Judicial, de común acuerdo con la intendenta local y con la dueña del inmueble.
Los abogados afirman que ya en el año 2010, previa inspección de los bomberos voluntarios, ellos insistieron en que el predio no estaba en condiciones de operar, pero se hizo caso omiso a los reclamos.
Aseveran igualmente los abogados, que entre el 23 y el 29 de marzo pasado el edificio tuvo una serie de grietas y que, a sabiendas de que había movimientos en la estructura edilia, esa información se escondió hasta que corrieron datos en las redes sociales. Recién entonces se decidió inspeccionar el lugar, encontrándose que las zapatas se habían hundido y que éstas no estaban encadenadas, existiendo peligro de derrumbe.
Desde la clausura del inmueble que corre riesgo de derrumbe, lentamente los juzgados de Garantías y salas de juicios orales se están mudando al edificio colindante, también perteneciente a Wibi. Otra parte del área penal de la Sexta Circunscripción Judicial se está instalando temporalmente en el edificio El Mensú, ubicado sobre la avenida Eugenio A. Garay.
En su denuncia, los abogados también afirman que la sede del Palacio de Justicia, donde funciona el área civil de la Sexta Circunscripcion Judicial, tampoco está en condiciones y recuerdan que años atrás, el techo y parte de la pared del salón de actos se vino abajo.
El presidente del Colegio de Abogados, Mauro Barreto, dijo que ahora están preocupados porque tienen información de que los ministros de la Corte estarían negociando la compra de un hotel, ubicado en el kilómetro 7, para instalar allí el Poder Judicial. “Ese lugar no es adecuado para el funcionamiento del Poder Judicial. Los pasillos son chicos, no hay espacio para circular y para que allí se junten más de 500 funcionarios, los abogados y demás personas que necesitan ir al Poder Judicial”, indicó el abogado.
“Tenemos información oficiosa de que se está negociando la venta con los 25 millones de dólares de ampliación presupuestaria que aprobaron en Diputados la semana pasada. Para eso se cajoneó un proyecto de construcción de un Palacio de Justicia de cinco torres, que desde hace cuatro años duerme en la Corte incluso cuando ya se recibió en donación un terreno adecuado. Y se cajoneó porque se está negociando lo del hotel”, afirmó el presidente del Colegio de Abogados.