A través de los abogados Maximiliano Mendieta Miranda, Julia Cabello Alonso y Oscar Ayala Amarilla, la organización presentó la denuncia a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, por el delito de lesión de confianza.

La denuncia relata que el 2 de noviembre de este año, el Indi transfirió un inmueble de 25.000 hectáreas ubicado en el departamento de Boquerón, Chaco, a Julia Beatriz Vargas Meza. En la propiedad habita la comunidad Cuyabia del pueblo ayoreo, según la denuncia presentada, “en abierta violación de la Constitución del República y de las obligaciones legales inherentes al cargo que detenta el Presidente del órgano estatal”.

En el territorio habitan 19 familias integrantes de la comunidad Cuyabia, nombre en ayoreo del área territorial donde se encuentran asentados. Además, existen evidencias creíbles sobre la presencia de indígenas en aislamiento voluntario, cuyas vidas solamente pueden ser protegidas y garantizadas a partir de la protección de su hábitat tradicional.

“La Constitución de la República es clara en señalar que las tierras indígenas, entre otras cosas, son intransferibles, es decir, están fuera del comercio”, sostiene la denuncia.

Por lo tanto, el presidente del INDI, no podría disponer de algo que no fuera suyo ni del ente que está a su cargo, que además no son susceptibles de ser comercializadas sin atentar contra la Constitución, cometiendo “el delito de lesión de confianza”, según el escrito.

“Las tierras que regularmente adquiere el INDI, conforme a la legislación vigente, no lo hace para sí, sino con fines de restitución a comunidades indígenas, que se efectiviza mediante una transferencia a título gratuito, en cumplimiento del mandato constitucional”, detallan.

Las tierras vendidas de ocupación y dominio ancestral del pueblo originario estaban en trámite de aseguramiento y titulación definitiva a favor de la Comunidad Cuyabia.“Es decir, el Presidente del INDI debería haber otorgado la escritura pública a favor de los ayoreo de Cuyabia, y no haber vendido el inmueble a una particular, poder de disposición que no tenía y que es notoriamente un delito y un despojo”, continúa el documento.

Los hechos por ende constituyen “un atropello sin precedentes e infame, perpetrado de la forma más agraviante que uno pueda imaginar” de la mano de una persona responsable en tutelar cuestiones indígenas.

“Se solicita al Ministerio Público una investigación exhaustiva y pronta, que garantice la no impunidad y la protección efectiva de los intereses del Estado y los derechos del Pueblo Ayoreo, al tiempo de sancionar con el mayor rigor a quien o quienes finalmente resulten responsables”, sostienen.

La UNAP anunció además que solicitarán la restitución legítima de las tierras a favor de los pueblos originarios, además del resarcimiento por daños y perjuicios.