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La Junta Departamental de Caazapá en pleno había resuelto presentar la denuncia hoy y respaldó su nota con un informe preliminar de auditoría interna y externa ordenado por el actual ejecutivo, Pedro Díaz Verón (ANR, cartista), y fue realizada por Gustavo Adolfo Acuña Molinas.
Al respecto, el concejal Emilio Tillería dijo que, debido a los malos manejos de Dávalos Estigarribia, la Gobernación habría dejado de percibir más de G. 3.500 millones en concepto de multas, por atraso de las diferentes empresas constructoras adjudicadas para la ejecución de obras de infraestructura.
Por otro lado, también se denunció la desaparición de los documentos oficiales de la Gobernación de toda la gestión hasta diciembre de 2017, lo que dificultó mucho el trabajo de investigación.
También explicó que se incluyó el reclamo de millonarias deudas por parte de las empresas Ladero SA y Distribuidoras Paraguayas, en concepto de provisión de merienda escolar, aunque durante la auditoría se detectó que las mismas ya fueron canceladas, a juzgar por los cheques emitidos.
Los ediles caazapeños aguardan que el Ministerio Público investigue la vergonzosa gestión del actual diputado.