El abogado Guillermo Ferreiro, defensor del concejal de Asunción Rodrigo Buongermini, uno de los imputados por los disturbios frente al Congreso durante la tarde del viernes 31 de marzo, denunció que el propio fiscal general del Estado pone trabas al proceso de defensa de los acusados en este caso.
Explicó que Díaz Verón había ordenado que la carpeta fiscal relacionada a los incidentes de aquel “viernes negro” fuera dividido en tres aspectos, lo que hace que hasta ahora no se pueda acceder a las copias de la carpeta fiscal en la cual se acusa a Buongermini, para así armar la defensa del concejal.
“Solo hemos tenido una copia del acta de imputación, que no describen los hechos de la imputación”, indicó Ferreiro en rueda de prensa. Dijo que en la nota remitida al fiscal general le piden que en un plazo de 24 horas unifique la carpeta fiscal para que así puedan tener acceso a una copia de la misma.
De no darse una respuesta en el plazo establecido, anunció que pedirán al juez penal de Garantías que se ordene el allanamiento del Ministerio Público para que se secuestre la carpeta fiscal en cuestión y que así puedan tener detalles de la imputación contra Buongermini.
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Por su parte, el concejal asegura que la imputación en su contra tiene más bien un tinte político, pues varias figuras que impulsaban la lucha contra la ilegal enmienda constitucional -”aprobada” en una sesión paralela en Senadores- fueron imputadas. “Quieren amedrentar. Es un imputación política y selectiva”, subrayó Buongermini.
Dijo que hasta ahora no sabe de qué se lo acusa y que los propios fiscales de la causa no saben qué decirle cuando pide las copias de la carpeta fiscal.
