El abogado lamentó la inacción de policías y fiscales, que hacen la vista gorda al delito ambiental. Barrios indicó a ABC Cardinal que, pese a que ya denunció en varias ocasiones la masiva deforestación en la zona de protección del río Pilcomayo, nadie hace nada para defender el medio ambiente.

“Hoy hay tres camiones cargados con especies protegidas, y la Policía no hace caso”, dijo.

El conflicto se genera a unos 250 km al suroeste de Filadelfia en una zona denominada Agropil, donde, por un lado, están los antiguos ocupantes del sitio y un brasileño que dice ser el dueño de las tierras.

El fiscal del Medio Ambiente de Boquerón, Andrés Arriola, realizó en marzo pasado una intervención en el sitio, pero -según la denuncia del abogado- hasta la fecha no hay avance en la investigación.

"Llamativamente, hasta la fecha no hay acta de imputación pese a que las personas fueron totalmente identificadas", dijo el abogado.

El fiscal del medio ambiente de Boquerón, Andrés Arriola, dijo que con base en la denuncia del abogado Luis Barrios se realizó un allanamiento en la zona en marzo pasado, con orden judicial y en presencia del mismo abogado.

“Él denunció que allí estaban 50 hombres armados, y nosotros nos fuimos con un ejército como para desarmar a 50 hombres, pero encontramos siete personas con mochila y descalzas y ningún camión. Entonces, son medio fantasiosas sus denuncias”, afirmó el fiscal al corresponsal Marvin Duerksen.

El abogado está permanentemente hablando con la policía “y conmigo; le estoy atendiendo sábado, domingo y feriado”, agregó.

Con base en aquel allanamiento fueron identificados el propietario y el encargado, de nombre Alexandre dos Santos y Ángel Escurra, respectivamente. Se les llamó dos veces a una indagatoria. El viernes pasado fue la última vez y presentaron otra vez un justificativo médico.

En aquel entonces, un técnico ambiental tomó también todos los datos y está pendiente un informe de la Dirección del Medio Ambiente, para ver si hubo tala o no, daño grave al medio ambiente, explicó Arriola.

Además, el fiscal informó que vía oficio ordenó a la Policía retener camiones o cualquier otro vehículo que salga de la zona cargado con madera y remitirlo a la Fiscalía.

Según Arriola, existen intereses creados. Él asegura que el problema no es solamente medioambiental, sino que el fondo de la cuestión es el título de tierras, y se estarían peleando aquí unas 20 ó 30 familias.

“Quieren utilizar el problema de medio ambiente. Yo no descarto que pueda haber una tala, no indiscriminada de árboles, pero no está tampoco en el Pilcomayo, como dice, sino a entre 30 y 40 km, en la zona denominada Agropil”, dijo el fiscal.