Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Carlos Amarilla (Ind.), Ángel Enrique González (ANR) y Anibal Benítez (FG) antes de emitir un dictamen realizaron previo recorrido por las instituciones educativas y encontraron algunas falencias de falta de mayor control en la verificación y cumplimiento de las bases y condiciones. Los ediles anunciaron que las irregularidades serán presentadas al Ministerio Público y la Contraloría General de la República (CGR).
Entre las obras que presentan algunas anomalías en sus construcciones aparece el Colegio Nacional de Cerrito. En dicha institución la obra de dos sanitarios, más 300 metros de cercado perimetral demandó una inversión de G. 130 millones. La empresa adjudicada a CyM de Cristhian Martínez, de la ciudad de Villarrica.
La obra quedó abandonada a la altura del techo y faltaba el cercado. Sin embargo ya cuenta con acta de recepción definitiva firmada en fecha de 20 de diciembre del 2018 por el intendente Cañete, el fiscal de Obras. Ing. Giovanni Fabrizio Elizaur y el contratista de la constructora Martínez.
En el Colegio de Cerrito, donde los padres de familias, docentes y estudiantes aguardan que culmine la construcción del sanitario, deben conformarse en seguir utilizando el antiguo sanitario que se encuentra en pésimas condiciones, sin agua, las cisternas no funcionan, la paredes, pisos sucios están agrietados y no ofrece ninguna garantía de higiene ni seguridad para los estudiantes.
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Asimismo, los ediles constataron que en la Escuela María Auxiliadora de la compañía Ndavarú, un aula con galería adjudicada en G. 94 millones a la constructora GPA, cuyo representante legal es Gabino Peralta Avalo, tampoco terminó en el tiempo estipulado la obra que lleva más de 40 días de retraso. No existe pedido de adenda o nota de solicitud de ampliación de fecha para la entrega de la obra y tampoco el ejecutivo solicitó informe ni está promoviendo el cobro de multa por incumplimiento tal como establece las bases y condiciones del contrato.
Asimismo, en el colegio Miguel J. Torres de la compañía Pacheco, se realizó la refacción de tres aulas adjudicada en G. 232.861.096 a la empresa STA, representada por Cristian González. Se constató la falta de cambio de puertas, falta de colocación de artefactos eléctricos, falta de cambio de techo, tejuelones y no se realizó la terminación de pintura.
El intendente local, Luciano Cañete, restó importancia al dictamen de la Comisión de Legislación Hacienda y Presupuesto y dijo que en ninguna administración del país se va encontrar una gestión sin errores administrativos, pero en su intendencia no se va encontrar obras fantasmas. Dijo que las obras van a culminarse.
