Denuncian el trabajo forzoso en Paraguay

Javier de Vicente, secretario de Acción Internacional de la Unión Sindical Obrera (USO), denunció que existe trabajo forzoso en Paraguay y el gobierno de Horacio Cartes no busca combatirlo.

https://arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/5CTXIWO6FFCLVAG34ZCAJAMTTI.jpg

Cargando...

De acuerdo a la denuncia, desde el 2013 el gobierno paraguayo no puso el empeño suficiente para impedir que “en este período de tiempo miles de trabajadoras y trabajadores hayan sido víctimas de trabajo forzoso”.

De acuerdo a los cálculos, entre 30.000 y 35.000 personas residentes en los tres departamentos del Chaco y también en otros de la zona oriental de Paraguay, en su mayoría indígenas, habrían sido víctimas de prácticas abusivas de trabajo forzoso u obligatorio.

La explotación económica pura y la servidumbre por deudas son las principales fórmulas - aseguran en la denuncia - con las que latifundistas agro-ganaderos y propietarios de negocios rurales y empresas consiguen forzar a las personas a trabajos de tipo esclavista

Las cooperativas de la colonia menonita de origen alemán son de las que más emplean estas prácticas, afirman.

“Señor Presidente, quisiera señalar para su atención que la región del Chaco paraguayo es una inmensa zona con una superficie cercana a los 250.000 km cuadrados fronteriza con Bolivia, Brasil y Argentina, muy escasamente poblada, apenas dotada de carreteras e infraestructuras, con una climatología en ocasiones extrema, y un hábitat original de poblaciones indígenas que han sufrido guerras, explotación constante y represión. El último censo de 2012 arrojaba una población, ya muy mermada, de 32.434 indígenas en los tres Departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay”, expone Vicente.

Resaltan que las principales preocupaciones son tienen que ver con los pueblos indígenas, como la falta de una adecuada aplicación de sus derechos sobre sus tierras, la falta de acceso a la justicia, el racismo y la discriminación, la pobreza y extrema pobreza - con tasas del 75% y el 60% respectivamente - y los obstáculos para el disfrute de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

También se destaca el requerimiento de los expertos de imponer y aplicar sanciones penales a las personas consideradas culpables de haber impuesto el trabajo forzoso, por lo cual se pide al Gobierno que proporcione información sobre las acciones judiciales emprendidas.

Enlance copiado
Content ...
Cargando ...