El presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho Filial Caacupé, Hugo Ferreira, denunció que seis de los doce miembros del Centro realizaron una reunión donde destituyeron del cargo a Ferreira, y nombraron en su reemplazo al vicepresidente 2º Richard Recalde.
Para tomar la decisión, alegaron una supuesta falta de representatividad de Ferreira.
Sin embargo, según el denunciante, el estatuto estudiantil establece que el presidente solo puede ser destituido en una Asamblea, por lo que dicha elección sería nula.
Ferreira señaló que el expresidente, Benjamín Ovelar, quien egresó de la facultad el año pasado, el representante estudiantil Marcelo Portillo quien ocupa el cargo y también egresó en el 2015, y Julio Quiñonez, hijo del senador Julio Pichín Quiñónez, quieren seguir manejando el centro a su antojo. Para lograrlo, estarían valiéndose de sus leales en la comisión directiva.
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Estas pretensiones fueron demostradas a través de audios y mensajes de la aplicación Whatsapp de los jóvenes mencionados, en donde manifiestan la necesidad de seguir manejando el Centro, especialmente para las elecciones a representantes estudiantiles, que se realizarán en los próximos meses. Siempre según los audios, luego tendrían la intención de pugnar por el cargo de un representante universitario ante el Consejo de la Facultad.
Se habla además, de presuntos negociados con la venta de votos que estarían en juego para la elección del Consejo Universitario.
En un audio filtrado a través de un grupo de Whatsapp, se puede escuchar claramente a Julio Quiñónez afirmar que aunque ya no estén en la casa de estudios, seguirán manejando el lugar a su antojo.
Portillo, Vera y Quiñónez saltaron a la fama luego de que se organizara una fiesta como cierre de campaña, que incluyó bailes eróticos, descontrol y riñas en el predio de la Facultad.
Además acompañaron a las entonces concejalas Graciela Agüero y Kathy Rademacher a pedir al exintendente Roberto Franco la urgente donación de aires acondicionados para la sede universitaria. Esto habría sido a pedido del director Ramón Martínez Caimen, que supuestamente les exigía esa donación para que las ediles puedan egresar. Este hecho, que salió a luz luego de que se filtrara un audio de la reunión, fue posteriormente desmentido por Caimen.