Se trata de Miguel Ángel Olmedo, funcionario de esta gobernación chaqueña, quien actualmente soporta un sumario administrativo de parte de la Secretaría de la Función Pública. Alega que las acusasiones en su contra son falsas por no haber apoyado al gobernador en las últimas elecciones.
La resolución de la Secretaria sostiene que el sumario realizado al mencionado funcionario se debe a la comisión de faltas graves prevista en el artículo 68 de la Ley 1626/2000 de la Función Pública.
Las supuestas faltas cometidas por el sumariado habla de suspensión sin goce de sueldo, multas por ausencias injustificadas y faltantes de combustible durante el turno que cumplía Olmedo en la gobernación.
El sumario detectó supuestamente 66 días no marcados del reloj biométrico por el funcionario durante su horario laboral de 7:00 a 15:00.
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El juez instructor designado para atender este caso es el abogado Jorge Esteban Barrientos, funcionario del Ministerio de Trabajo.
El funcionario debe trasladarse a la ciudad de Capiatá para realizar su descargo ante el juez instructor.
"¿Cómo puede entenderse que deba trasladarme unos 800 kilómetros hasta la capital del país y desde allí a la comunidad de Capiatá para realizar mi defensa, siendo que yo trabajo en esta localidad chaqueña?", acotó Olmedo.
Mencionó que trabaja en la institución desde el 2013 y fue nombrado como personal permanente hace dos años, percibiendo un salario de G. 1.800.000 mensual.
Las supuestas ausencias de no poder marcar el reloj biométrico se debe a que constantemente estaba comisionado en cumplir tareas para la institución en comunidades del interior del Chaco, asistiendo a los pobladores repartiendo alimentos en la época de aislamiento que por falta de caminos afectó a varias poblaciones del departamento, sostuvo el funcionario.
Por su parte, desde la gobernación alegan que no se trata de una persecución y todo se encuadra dentro del marco de la ley ya que es la propia Secretaría la que realiza el sumario en base a las reiteradas faltas del funcionario.
El exgobernador Alcibiades Rodríguez cuestionó la desición del actual jefe departamental y correligionario suyo, cofirmando lo dicho por el funcionario que se trata de una persecución política.
Mencionó que el jefe de Recursos Humanos de la gobernación, Claudio Castillo, quien es el que realiza las acusasiones, vive en la capital del pais. "¿Cómo puede entonces desde más de 800 kilómetros controlar la actuación de sus funcionarios?", cuestionó.