El dirigente sindical lamentó el hecho de que “en teoría” el Gobierno dispone por decreto el reajuste del salario mínimo vital; sin embargo, en la práctica miles de trabajadores siguen cobrando por debajo de lo fijado en el Código del Trabajo, que desde el 1 de julio será de G. 2.112.562, y el jornal mínimo de G. 81.252.
Añadió que en Caazapá, por ejemplo, una empleada doméstica, que cumple labores de niñera, lavandera, cocinera y limipadora está percibiendo G. 500.000 mensualmente, siendo que debería cobrar alrededor de G. 1.224.674, de acuerdo al reajuste aplicado al "ingreso mínimo vital" del sector privado, que fue del 3,9%. Añadió que lo mismo ocurre con muchas domésticas en la Asunción.
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En cuanto a los trabajadores que no son domésticos, Talavera señaló que ha visto simples recibidos de salarios de muchos empleados cuyos salarios de empresas gastronómicas que no llegan al mínimo legal, violándose con ello la ley del trabajo.
Preguntado por qué muchas empresas no están abonando el salario mínimo establecido en legislación, el dirigente sindical afirmó que se debe al descontrol total por parte del Ministerio de Justicia Empleo y Seguridad Social (MTESS). Dijo que a esta desidia se suman el Ministerio de Hacienda y el Instituto de Previsión Social (IPS).
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Sobre el punto, pidió mayor apoyo de las instituciones competentes del Estado, teniendo en cuenta que el sindicato no tiene fuerza para forzar un cambio en ese sentido. “Estas violaciones de la ley las hemos denunciado al Ministerio del Trabajo, pero no hemos hallado eco, porque no quieren chocar con los empresarios”, aseveró el sindicalista.