“Tenemos que saber quién se quedó con las informaciones y qué están haciendo con ellas”, indicó el abogado Guillermo Duarte, que presentó la denuncia en representación de Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y de las autoridades del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola y Desirée Masi.
“Nos presentamos a esa investigación porque creemos que es muy grave la existencia de una investigación paralela y de manera ilegal de ciertos números y que afecta ya a todos los sectores”, dijo Duarte, quien recordó que José Ortiz, gerente de Tabacalera del Este SA, propiedad del presidente Horacio Cartes y cercano al Gobierno, denunció la supuesta sustracción de sus datos a través de un pedido de la fiscala Brígida Aguilar, quien a su vez denunció la falsificación de su firma.
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“Surge la penosa realidad de que todos estamos expuestos a un sistema delincuencial de obtención de datos privados y que hay que saber realmente quién está detrás de esto”, indicó Duarte. El abogado solicita además a la Fiscalía “saber cuántos oficios apócrifos se remitieron”, ya que ellos se enteraron por casualidad de que existían estos pedidos ilegales de datos y quieren saber si hay más.
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Duarte lamentó las expresiones del viceministro Ariel Martínez al diario La Nación, propiedad del grupo empresarial de la familia de Horacio Cartes, que había dado a entender que supuestamente el cruce de llamadas presentado por la defensa de la familia de Rodrigo Quintana forma parte de esta obtención ilegal de datos.
“El viceministro está jugando un rol bastante importante en todo esto, porque así como apenas ocurrió la muerte de Rodrigo Quintana salió a pretender establecer una hipótesis mentirosa, hoy sale a pretender que estos cruces de llamada fueron montados por nosotros”, acusó.
“Estos cruces de llamadas bajo ningún punto de vista tienen relación con los audios ni están mezclados con este problema que surgió con Brigida Aguilar, porque tienen un origen anterior, surgen de información que llegó lícitamente a la carpeta fiscal y son en base a los números de conversaciones con (el excomandante de la Policía Críspulo) Sotelo”, afirmó.