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Denuncian violación de derechos de menores

Este artículo tiene 9 años de antigüedad
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La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) denunció que el desalojo de varias familias campesinas en el asentamiento de Guahory, allanado por última vez el 3 de enero pasado, vulneró los derechos de niños y adolescentes.

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Los campesinos de Guahory mantienen un conflicto con los colonos brasileños de la zona por la titularidad de las tierras y fueron desalojados por la Policía en varias ocasiones, la última el pasado 3 de enero, cuando se registraron varios heridos y 12 labriegos fueron detenidos.

La CDIA advirtió de que en este procedimiento la Policía detuvo de manera ilegal a tres adolescentes, dos varones y una mujer, según un comunicado difundido este jueves por la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), de la que forma parte. Además, agregó que durante el desalojo de una escuela de la comunidad, el pasado mes de octubre, un niño de 10 años sufrió graves heridas.

La organización recordó en una carta dirigida al comandante de la Policía paraguaya, Críspulo Sotelo, que los desalojos forzosos “constituyen graves violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos” y garantizados por la legislación paraguaya. Los desalojos provocan que “las personas queden sin hogar y en absoluta pobreza, sin los recursos mínimos necesarios para la subsistencia y, en la práctica, sin posibilidad de reclamar sus derechos por las vías judiciales, por los costos que ello implica”, recordó la CDIA.

Además, estas intervenciones “profundizan la desigualdad, los conflictos sociales y la segregación, que invariablemente afectan a los sectores más vulnerables, como las poblaciones empobrecidas, mujeres, niñez, adolescencia y personas con discapacidad”. La CDIA pidió a las autoridades del Estado paraguayo que indemnicen a los campesinos desalojados y garanticen su acceso a la alimentación, agua potable, saneamiento, alojamiento, vestimenta y educación, para que puedan continuar con las actividades agrícolas que les permiten sobrevivir.

Por su parte, el titular de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay (SNNA), Ricardo González Borgne, declaró hoy en una conferencia de prensa que la institución “ha seguido todos los protocolos de protección existentes a fin de asegurar la integridad física y las garantías de las niñas y niños” de Guahory.

González aseguró que la SNNA pidió formar una comitiva especial para viajar a la zona, y que recabó la información del caso que afecte a niños, niñas y adolescentes y la remitió a la Defensoría de la Niñez y el Juzgado de la Niñez del departamento de Caaguazú, donde se encuentra Guahory.

Los campesinos de Guahory fueron desalojados en septiembre por más de 1.500 policías en un procedimiento que se realizó sin ninguna orden judicial y violó derechos humanos como la vivienda, alimentación, agua y seguridad, según denunció entonces la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).

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