El operativo fue encabezado por el oficial de justicia Carlos Zamphirópolos, quien alegó que se agotaron todas las instancias y que inclusive esperaron seis años para hacer cumplir la orden y que la diligencia se desarrolló sin incidentes.
Relató que un total de 7 fincas son afectadas para el desalojo y aclaró que las familias ingresaron hace unos 8 años con la anuencia del propio dueño, quien buscó negociar el inmueble con la Secretaría de Acción Social, pero no se concretó.
Según los afectados, las negociaciones con la SAS y con los propios ocupantes fracasaron debido al alto costo que pretendía cobrar Valdez y porque el terreno es prácticamente un lodazal y se procedió al desalojo del sitio.
Sin embargo, el abogado Marcelo Martínez indicó que el mandamiento fue solo para algunas familias y que en forma prepotente se quiso desalojar a otras tres familias que se encuentran en el lugar.
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“Nosotros no desacatamos la orden judicial, pero si cuestionamos el proceder del oficial de justicia que quiso sacar a familias que no figuran en el mandamiento judicial y un procedimiento irregular que no vamos a permitir”, expresó el abogado.
Uno de los ocupantes del terreno, José Ayala, indicó que ingresaron con la anuencia del propietario que intentaron negociar la compra, pero que el precio era muy elevado, G. 40 millones por cada parcela y es un esteral, indicó.
Los afectados no tienen adónde ir y la mayoría permanece en la calle con todos sus enseres, algunos indicaron que se instalarían en una plaza de la zona.