Esta grave denuncia fue presentada por la Abog. Vilma Días, representante jurídico del matrimonio Raiter, quién en la mañana de hoy se presentó en el despacho de la jueza en procura de acceder al expediente.
Según informó, ya en la secretaría del juzgado del quinto turno le comunicaron que "buscarían el expediente". Luego de aguardar dos horas, le informaron que el expediente se encontraba en el despacho de la jueza Julia Rosa Alonso Martínez.
La familia Raiter enfrenta un litigio judicial con Agro Silo Santa Catalina SA, cuyo titular es Lucas Marini Favero. El Grupo Favero reclama a los Raiter el pago de 23 millones de dólares, monto que surge de una supuesta deuda hipotecaria.
Las hipotecas, pagarés y prendas fueron preparados por las escribanas Nélida Chávez y María Teresa Rodríguez en favor del Grupo Favero. Agro Silo Santa Catalina, SA, integrante del grupo empresarial, reclama el pago en base a documentos de las escribanas mencionadas.
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Las hipotecas de la escribana María Teresa Rodríguez fueron objeto de pericia. La Dirección de Laboratorio Forense del Ministerio Público concluyó que las firmas del matrimonio Raiter fueron falsificadas, según consta en la pericia 353/15.
En los primeros días de diciembre del año pasado, el Ministerio Público realizó el peritaje de los documentos preparados por la escribana Nélida Chávez, esposa del senador Oscar González Daher. El resultado debió entregarse a la fiscalía el 27 de diciembre; estamos el 27 de enero y el documento no se hace público. La pericia se oculta en la Dirección de Laboratorio Forense, cuya directora es la Abog. Carmen Isable Bogado Ledesma.
El senador Oscar González Daher se ocupa de las gestiones del Grupo Favero en el Poder Judicial, en procura de cobrar las deudas que surgieron de la falsificación de firmas de colonos de origen brasileño; su esposa, Nélida Chávez, se encargaría de montar la red de falsificación.
En este esquema, la jueza Julia Rosa Alonso Martínez ocupa un lugar clave: firmó la orden que permite al Grupo Favero a ingresar en una propiedad privada a tomar granos que surgieron del delito de falsificación.
Siguiendo con su relato, la Abog. Días mencionó que ingresó en el despacho de la jueza y reclamó el acceso al expediente: " La jueza se negó en forma terminante a entregarme una copia. Sin dar explicación ni fundamentar su negativa, simplemente no entregó copia del documento".
La jueza Julia Rosa Alonso Martínez fue recusada. "Presente recusación el 30 de diciembre pasado. La jueza debió apartarse del proceso pero no lo hizo. El martes 25 de enero regresó de la feria judicial y ese mismo día, estando recusado, firmó un auto interlocutorio levantando medidas cautelares que resguardaban la propiedad de los Raiter".
Agregó la Abog. Días que "la familia Raiter se encuentra en un estado de absoluta indefensión jurídica. No tienen acceso al expediente. No saben que está pasando en el proceso. Y lo peor es que luego se encuentran con policías abriendo paso a cosechadoras del Grupo Favero que toman granos que no les corresponden".
Confirmó la Abog. Días que la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia aún no recibió el expediente escondido en el despacho de la jueza Julia Rosa Alonso Martínez. "La ministra Alicia Pucheta de Correa ordenó una auditoría del expediente pero este es el momento en que la copia del documento no se entrega en la Superintendencia de la Corte".
Efectivos de la Policía Nacional tuvieron a su cargo el resguardo de la cosecha de granos. En la tarde del sábado cosecharon alrededor de 130 hectáreas de granos cuyo valor oscila los 300 mil dólares.
El grano es propiedad de la firma Sienna SA, empresa que arrendó parte de la finca de los Raiter. Sienna SA, que no tiene nada que ver con el conflicto generado por Oscar González Daher y el Grupo Favero, es la gran perjudicada con el robo de sus granos.
La Policía Nacional sigue instalada en la finca de los Raiter, en la compañía Yaku'i guazú, distrito de Mayor Otaño, departamento de Itapúa.