En contacto con ABC Cardinal, Jorge Prieto, de la Unión de Trabajadores y Microempresarios (Utramic), reconoció que ya fueron notificados por la Policía Municipal de Tránsito sobre el desalojo y que gran parte de los trabajadores situados sobre la vereda de la calle Palma lo hacen de manera informal. Sin embargo, aseguró que existen intereses creados en torno al retiro de los vendedores de la emblemática avenida capitalina.

Según el dirigente, “la medida responde a una presión de los frentistas, no a una intención real de solucionar un problema de larga data, unos 30 a 40 años aproximadamente. Pasamos por muchos intendentes, sabemos cómo se maneja esto y de donde viene”, cuestionó.

Prieto criticó además que el plan de desalojo no contemple un sitio donde los vendedores puedan reinstalarse. Agregó que varios están en regla con el pago de patente y canon diario, “no es que deben desalojarnos así nomás”, expresó.

A su turno, Roque Troche, director de la PMT, afirmó que de unos 151 vendedores informales solo nueve han cumplido con los requisitos para el desarrollo de la actividad comercial.

Con respecto al descontento de los afectados por la notificación, el funcionario municipal afirmó que están en su derecho a la defensa, pero resulta más conveniente que inicien los trámites para regularizarse.

El costo aproximado de la regularización de los trabajadores informales ronda los G. 323.000, y exige el cumplimiento de varios requisitos dependiendo del tipo de negocio que desean montar, acotó el director.