Los intervinientes solo constataron desmontes y quemas intencionales; sin embargo, los dueños de graves daños a la naturaleza si siquiera fueron localizados.
En el segundo día y último procedimiento de la campaña, los intervinientes constataron unas 15 a 20 hectáreas de desmonte y quema dentro de la propiedad del empresario Pedro Aquino, ubicada en la colonia Siete Montes, distante unos 20 kilómetros al norte de esta ciudad. En el inmueble intervenido, personales que realizaban tareas de destronques abandonaron sus maquinarias. La notificación de Seam se entregó a un capataz de la administración del establecimiento.
Posteriormente, la comitiva allanó la hacienda “Cancha de Gallo”, propiedad del brasileño Joaquín Fernández Martin, ubicada en Siete Montes, límite con la colonia Nueva Durango. Allí los intervinientes constataron unas 150 hectáreas de quema intencional en áreas boscosas. En ese sentido, el fiscalizador Julio Mareco, de Seam el dueño ya habría incurrido en el mismo delito en diciembre de 2013, cuyo proceso por la destrucción de unas 300 hectáreas de la vez anterior se encuentra en etapa resolución. El extranjero, radicado en Sao Paul, Brasil, se expone a una multa de 1.500 jornales mínimos, conforme a las sanciones previstas en el órgano de control ambiental.
En el primer día del operativo interinstitucional, realizado el último jueves, en la propiedad del empresario brasileño Valdemir Pereira Dos Santos, los ambientalistas constataron unas 60 hectáreas de desmonte y quema de bosques nativos. El área dañada llega hasta el borde del río Jejui Guazú, límite de los distritos de Villa Ygatimí y esta ciudad. Asimismo, en la propiedad de la brasileña Iara Vendramini, se constató otras 50 hectáreas. Al momento de la notificación, la Seam confirmó que la fracción intervenida está alquilada por el brasileño Paulo Ferreira de Souza, exintendente de la localidad de Sete Quedas, Brasil. Ferreira de Souza sería reincidente y soporta procesos penales que se encuentran cajoneados en la Fiscalía de esta ciudad, según los datos recogidos.
Los dueños de los inmuebles intervenidos deberán afrontar procesos administrativos ante la Seam, independientemente a eventuales procesos penales a ser impulsados por el Ministerio Público.
Participaron del operativo la Secretaría del Ambiente, el Infona, el Ministerio Público y miembros del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales de la Policía Nacional.