17 de Mayo de 2017 14:06

 

Detienen a exintendente por supuesta malversación

Por Alberto Núñez, corresponsal

CAPIIBARY. Dos personas fueron detenidas esta mañana en Santaní por contar con orden de captura por lesión de confianza por malversar supuestamente recursos de la Junta de Saneamiento de Capiibary.

Se trata de Niño de Jesús Garcete Cuenca (64), exintendente y concejal municipal liberal, y William Cáceres Acosta (57), quienes fueron detenidos cerca de las 10:00 en la vía pública, en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de Santaní, según un informe policial de la comisaría jurisdiccional.

La investigación se encuentra a cargo del agente fiscal de Capiibary Rusbell Benítez, quien realizó las imputaciones por lesión de confianza y violación del deber de llevar libro de comercio. 

El fiscal Rusbell Benítez, al ser consultado sobre la detención, dijo desconocerla, pero aseveró que el juez Víctor Manuel Escobar habrá declarado la rebeldía de ambos porque, a lo mejor, no presentaron sus fianzas personales. El fiscal confirmó que se habla de un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 200 millones.

Según la denuncia presentada por los miembros de la comisión directiva actual, presidida por Lucio Garay (presidente), además de Nelson Cañete y Bruno Samudio, entre otros, tras una auditoría realizada en el 2012, pudieron notar que habría un faltante de dinero que llegó a los G. 213.402.576, por lo que decidieron presentar la denuncia y exigir una investigación. Sin embargo, el caso durmió cuatro años en el cajón de la Fiscalía.

De acuerdo al escrito, Garcete Cuenca se autoasignaba el pago de G. 40 millones en concepto de salario, lo cual estaba prohibido. Además, realizó compras de motores y motobombas de los locales Moto Sport 25 SRL y Centro Comercial Ana Paloma –negocios de su propiedad– por la suma de G. 83.268.436, según los datos.

Garcete había sido electo como intendente interino en julio de 2010, cuando el entonces intendente Juan Cuenca Castillo (PLRA) había sido cesado del cargo por un proceso de lesión de confianza por un faltante de G. 300 millones, según el entonces fiscal de Delitos Económicos, Eduardo Cazenave.

 
 

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