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Uno de los grupos, encabezado por Carlos Rodríguez, fue a repudiar al intendente local Raúl Isaac Mendoza (PLRA) y a exigir la celeridad en la investigación fiscal sobre lesión de confianza en el uso de fondos de royalties y Fonacide.
Otro grupo fue para exigir la aprobación de planos del asentamiento San Roque, y también denunció los hechos de corrupción. La sede municipal permaneció sitiada por policía durante toda la mañana.
Varios grupos de vecinos se congregaron hoy frente a la Municipalidad para pedir el fin de la corrupción y la impunidad, y trabajar por el bienestar común de los pobladores. Los lugareños exigieron celeridad a la Fiscalía en la investigación de supuestos hechos punibles que se atribuyen al jefe comunal.
Los manifestantes indicaron que desde el año pasado el intendente está bajo investigación de la Fiscalía por un presunto mal uso de los fondos de royalties y el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
El intendente ya recusó e impugnó en varias ocasiones a la fiscala María José Pérez, pero todos los procedimientos fueron rechazados por la Fiscalía General y la propia Corte.
Igualmente, Mendoza Ramos denunció a la agente fiscal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, pero tampoco tuvo eco. La causa ya se encuentra en etapa de acusación, pero las chicanas hacen demorar su avance, según informó la fiscala.
“El intendente me recusó tres veces, y todas fueron rechazadas. También me impugnó en la Sala Penal de la Corte, pero esta rechazó in limine y me confirmó en la causa, y ya está en etapa de acusación, pero faltan algunas diligencias que superar para llegar a eso”, expresó la fiscala.
Recordó que durante la recusación la causa pasó al fiscal Miguel Quintana de Villa Elisa, quien solo tenía que hacer la acusación, pero, de manera llamativa, solicitó el sobreseimiento provisional del jefe comunal.
Casi un año después de aquel requerimiento, la jueza de garantías de Lambaré, Ana Esquivel, fijó fecha para sustanciar el provisional que pidió Quintana y el 20 de agosto pasado se realizó la audiencia. Hasta hoy se encuentra en estadística y así van dilatando el proceso.
La fiscala Pérez ya requirió la reapertura del caso a la jueza Esquivel, pero hasta hoy esta no responde al pedido, por lo que el Ministerio Público analiza la posibilidad de recusar a la magistrada por la demora.
“Solo espero que se reabra la causa por orden judicial para acusar. Hace un año que tengo la lista de acusación, porque los peritos dictaminaron un daño patrimonial de unos 800 millones de guaraníes de fondos de Fonacide”, explicó la fiscala.
Otro grupo que llegó a la Comuna fue para exigir la renovación de la ordenanza que regula las dimensiones de terrenos en los asentamientos y el llamado a una asamblea para comisión del asentamiento San Roque.
Algunos incidentes se generaron con la Policía, que no permitió el ingreso de algunos dirigentes de los asentamientos.