Tanto el contralor Enrique García, exdirector de Asuntos Jurídicos de Ferreiro y que participó en la redacción del proyecto de tercerización, como la auditora Ilse González de Sanabria, directora de Contrataciones Especiales de la Contraloría y prima hermana del intendente asunceno, afirman que se inhibieron por sus vínculos con Mario Ferreiro.
González “no tiene participación en los casos que tengan parentesco, más allá de que la responsabilidad al frente de la Dirección General es una responsabilidad administrativa y el trabajo es un trabajo técnico que realizan los auditores. Pero en este caso y otros casos, yo, el propio contralor, hice lo mismo por ser parte del trámite administrativo al nivel de la intendencia cuando ejercía la dirección jurídica de la Municipalidad de Asunción”, afirmó García.
El controversial dictamen lleva la firma de la directora general de Licitaciones, Gladys Vivian Espínola, el abogado Carlos Montero y el auditor José María Sanabria. “El tema que hacemos acá es un dictamen técnico que sostiene una recomendación, sugerencia o dictamen y eso está a cargo de la gente que trabaja en su área temática”, dijo el contralor afirmando que “no tienen injerencia”.
En su caso, García dijo que “la nota de remisión (del dictamen) fue firmada por el contralor en ejercicio, que es el director jurídico porque el contralor -que está inhibido- y el subcontralor Camilo Benítez se encontraban fuera del país en una jornada institucional en Chile”.
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Igualmente, la iniciativa es cuestionada en cuanto a su legalidad, ya que confrontaría con atribuciones y derechos constitucionales, como ser la confidencialidad de la documentación financiera y el rol de la Comuna de recaudar, ademas de que cuenta con suficientes funcionarios para hacerlo.