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El diputado Ramón Romero Roa, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, manifestó que se analizó el pedido del Juzgado sobre el desafuero al contralor general de la República. “Consideramos que ni siquiera era necesario que el Juzgado solicite el desafuero, atendiendo a que se trata de un delito más allá de su tarea específica que hoy día ejerce. Se trata de un delito común que no está establecido en la norma”, explicó.
El contralor está imputado por uso de documento público de contenido falso. Se lo acusa de adulterar firmas de funcionarios judiciales para intentar hacer creer que se apeló un fallo que condenó a la Municipalidad de Asunción a pagar US$ 3,6 millones a Ivesur.
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El hecho ocurrió en 2016, cuando Enrique García era director jurídico de la Municipalidad de Asunción. Según el fiscal Leonardi Guerrero, las irregularidades fueron corroboradas con pericias caligráficas a 21 funcionarios de distintas salas del Tribunal de Apelación. Se concluyó la adulteración de firma y el sello de la supuesta apelación del Municipio.
Leonardi Guerrero señaló que García simplemente se limitó a encomendar la tarea de presentar un escrito el último día de vencimiento a un auxiliar de la asesoría jurídica que estaba a su cargo, Rodolfo Duarte. Este funcionario también fue imputado por la misma causa.
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La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) solicitó ayer que el contralor general de la República renuncie al cargo o sea sometido a un juicio político. Por su parte, García advirtió que no renunciará. Alegó que lo imputaron porque ordenó auditar la Fiscalía.