En una conferencia de prensa realizada esta mañana, los fiscales Federico Espinoza y Hernán Galeano explicaron que el allanamiento realizado ayer en la sede permanente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), sita en Luque, se dio en el marco de una solicitud de cooperación jurídica internacional realizada por la justicia de Estados Unidos.
Galeano, quien encabezó la comitiva fiscal que realizó el allanamiento, explicó que las autoridades estadounidenses solicitaron registro y secuestro de documentaciones y evidencias relacionadas con la causa abierta contra los dirigentes de la Conmebol en el país norteamericano. El representante del Ministerio Público paraguayo relató que, una vez que llegaron a la Conmebol, fueron recibidos por el director de finanzas de la matriz del fútbol sudamericano, José Silva, quien los acompañó durante el recorrido.
“Se realizó el registro de todas las dependencias de la Conmebol, entre ellas las oficinas de la Tesorería, Finanzas, Secretaría General y Presidencia”, acotó el fiscal de la todavía novel unidad especial de lucha contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Galeano señaló que se incautaron diversos documentos solicitados en el exhorto, entre los que sobresalen los relacionados a contratos, actas de reuniones del comité ejecutivo, estatutos y reglamentos. Además, se realizaron copias de equipos informáticos de esas oficinas.
“Entramos a las 14:20 y terminamos a la medianoche”, recordó Galeano, dejando en claro que el procedimiento duró casi diez horas para poder llevar los documentos que datan desde 1991 hasta mayo de 2015, es decir, comprenden los gobiernos de los tres últimos presidentes de la Conmebol: el paraguayo Nicolás Léoz, el uruguayo Eugenio Figueredo y el también paraguayo Juan Ángel Napout, todos salpicados por el escándalo conocido como “FIFA-Gate”.
“El meollo de toda la cuestión son los contratos entre la Conmebol y las compañías de marketing”, expresó Galeano quien refirió además que no existe plazo para la remisión de los documentos a Estados Unidos y que para ello se trabajará coordinadamente con la oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía.
En otro momento, el fiscal adjunto de la unidad, Federico Espinoza, explicó que el Ministerio Público analizó la posibilidad de abrir una investigación relacionada a este escándalo, pero que esa posibilidad quedó descartada debido a que la legislación paraguaya no contempla el soborno entre entidades privadas. Puntualizó además que tampoco se podría investigar lavado de dinero, debido a que para ello éste debería tener un origen ilegítimo, algo que no se da al no existir pena para el soborno entre empresas privadas.