Dilatan imputación de exsenador acusado de coacción sexual

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CIUDAD DEL ESTE. La abogada de una adolescente víctima de coacción sexual en grado de tentativa denunció las supuestas presiones políticas para que el caso sea desestimado. La causa afecta al exsenador Pedro Pablo Ovelar (ANR).

Pedro Pablo Ovelar es actual concejal de Juan León Mallorquín, padre de una jueza y de un edil departamental, por lo que estaría presionando para que el caso quede impune. Ya hubo otra denuncia de carácter similar contra él, pero la víctima se retractó posteriormente vía escribanía.

La denuncia fue presentada por el padre de la menor ante la comisaría 10ª de Juan León Mallorquín. Acorde a la acusación, la adolescente fue víctima de manoseos por parte del político el 17 de julio del año pasado, luego que ella y su mamá fueran a pedir ayuda al concejal, quien les había prometido chapas de fibrocemento para su casa.

El papá de la joven había dicho a policías que Ovelar se había ofrecido a llevar a la adolescente en su camioneta hasta su casa, pero en el camino se desvió y fue hasta su estancia, ubicada en el barrio Yhovy de Juan León Mallorquín, donde ella habría sido manoseada por el edil, que posteriormente la abandonó en el lugar. Ella fue recogida luego por su mamá y un amigo, quienes le llevaron al hospital.

La abogada de la familia Gamarra, Blanca Vera, dijo que, a casi un año de investigación, el Ministerio Público no imputó aún al concejal colorado y que, por el contrario, se pretende desestimar la causa utilizándose para ello presiones políticas. El caso era investigado por el fiscal de Yguazú, Édgar Torales, y ahora está a cargo de Miguel Ángel Alvarenga, quien está de vacaciones.

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“Hay muchas irregularidades. La psicóloga Norma Báez hizo una inspección de la víctima. A fojas 34 del expediente hay un informe psicológico 473-15 que dice que en la evaluada se detectaron indicadores de daño psicológico vinculado al hecho punible denunciado, pero después, a fojas 42 se agregó otro informe psicológico con el mismo número que dice lo contrario, o sea, que en la evaluada no se detectaron indicadores de daño psicológico”, explicó la abogada Vera.

“En todo este tiempo, la Fiscalía llamó a declarar a todos los testigos de la defensa y a ninguno de la querella adhesiva, y el fiscal adjunto, Alejo Vera, dio un plazo de 15 días al fiscal para que resuelva la imputación o un desistimiento. El plazo vence el lunes, justo el día en que Alvarenga vuelve de vacaciones. Y, entretanto, el fiscal interino, Hugo Vázquez, dice que nada puede resolver”, añadió la abogada.

“Acá hay presiones del poder político. Prácticamente manejan la Fiscalía y el caso es grave”, indicó Blanca Vera, quien recordó que el concejal y exsenador es padre de la jueza Graciela Ovelar y del concejal departamental Pedro Adan Ovelar. Por su parte, el abogado de Ovelar, Rómulo Argaña, dijo que en el expediente solamente figura un informe psicológico en que se indica que la adolescente no sufrió daño psicológico y aseguró que no hay ninguna presión política.

“Los colorados estamos mucho más mal (sic) que cualquier otro en este nuevo rumbo. Nosotros no tenemos poder. Los fiscales trabajan libremente, por eso ahora están llamando a nuevos testigos, ampliando testificales”, puntualizó. Argaña explicó que hace alrededor de cuatro meses solicitó la desestimación del caso, que ya está por cumplir un año de proceso, pero que el Ministerio Público no se lo otorga. “Como abogados de la defensa pedimos la desestimación hace mucho, pero no se nos da. Es un caso que tiene un año ya y es normal que se urja, pero se puede pedir prolongación del plazo para investigar; si se desea, cualquiera de las partes puede pedir”, aseveró el abogado.

En mayo del año pasado, el exsenador Pedro Pablo Ovelar había sido denunciado públicamente por María Zunilda Ovelar, quien había dicho que supuestamente el hombre le pidió que ella y su hija menor tuvieran relaciones sexuales con él a cambio de que se levantara una denuncia que pesaba contra su hermano por supuesto robo de sillas de plástico. Unos días después, el abogado Rómulo Argaña había dado a conocer una declaración realizada por la mujer bajo escribanía en la cual se retractaba de todo lo declarado.