Diputados: realizarán auditoría de funcionarios

Según informaron en conferencia de prensa el asesor jurídico de la Cámara de Diputados, Luis Cáceres; el director administrativo, Arcadio Cabrera; y el director de Recursos Humanos, Julio Arévalos, la auditoría externa es una idea que ya se proyectó y aprobó en setiembre del año 2018, a iniciativa del diputado Arnaldo Samaniego, quien manifestó en ese entonces la necesidad de evaluar el desempeño de los funcionarios de la Cámara Baja.

El abogado Luis Cáceres manifestó que ya se realizaron trabajos previos, como el de unificar reglamentaciones que se ubicaban en una disparidad de resoluciones disciplinarias diferentes, lo que generaba “que la Cámara de Diputados no tenga un código de forma ni de fondo en cuanto al reglamento interno para funcionarios”.

Según Cáceres, se realizó un compendio de normas disciplinarias en una sola resolución, que fue aprobada el 17 de setiembre del año 2018 “en un reglamento interno único donde se eliminan todas las resoluciones sobre el régimen disciplinario en una sola, que es la 352, que establece el régimen de recursos humanos y hoy está en vigencia”, explicó el asesor jurídico.

El trabajo costará G. 280 millones, dinero que aún no está dentro del presupuesto de la Cámara, pues el año pasado la transferencia del Ministerio de Hacienda no llegó a concretarse, explicaron en conferencia de prensa. Ahora, volverán a gestionar esa ampliación para que se ejecute.

Las tareas de auditoría serán realizadas por docentes calificados de la Facultan de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, mediante un convenio marco. Este mecanismo es idéntico al que ya se proyectó una vez en Cámara de Senadores, ocasión en la que se gastaron G. 500 millones, con resultado nulo, pues los 50 funcionarios planilleros detectados fueron absueltos y todo quedó en la nada.

Cáceres enfatizó en que se tienen sospechas de que existe “una falencia” en materia de talentos humanos. “La necesidad imperante es trabajar con eso y analizar la situación desde los procedimientos de control y en cuanto a la calidad de función que deben desempeñar los trabajadores”, puntualizó.

Entre los objetivos que se pretenden lograr con la auditoría, el asesor jurídico mencionó “identificar perfiles psicolaborales, proponer un plan de mejora, realizar una propuesta de estructura organizacional más efectiva, y entregar un informe final con la descripción de lo actuado”.

Al consultársele por qué invertir G. 280 millones si la Cámara de Diputados tiene suficiente personal calificado para realizar este trabajo, Cáceres argumentó: “No es que no tengamos la posibilidad de hacerlo internamente, sino que con apoyo externo será un trabajo más ordenado, porque lleva tiempo”.