Colorados salvaron a Mcleod

Tras las lecturas de dictámenes a favor y en contra de la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, bajo la gestión de la colorada Sandra McLeod, que los diputados trataron este miércoles como primer punto del orden del día, finalmente se rechazó el pedido que en su momento había sido presentado por ediles opositores esteños, que alegaban una serie de supuestos casos de corrupción que se habrían cometido y la falta de acceso a la información pública. Los colorados hablaban que la mayoría de los puntos presentados en las denuncias carecían de sustento.

La votación se realizó de manera nominal a pedido del diptado Walter Harms y fueron finalmente 42 los legisladores que votaron contra la intervención y 29 por la intervención, una abstención y ocho ausencias.

Durante la sesión de hoy, Julio Javier Ríos, Tomás Rivas, entre otros fueron algunos de los diputados que se encargaron de defender varios puntos que se cuestiona a la administración de Sandra McLeod.

Por otra parte, el diputado Édgar Acosta, que estaba a favor de la intervención, señaló que es fundamental la transparencia y que si hay elementos bien documentados que ameriten una investigación más profunda, debería hacerse. “Creemos que existen méritos”, dijo en relación a la defensa que hicieron sus colegas. “Creemos que no se tiene que tratar como una cuestión política, cromática, como una cuestión de color”, indicó durante la sesión.

Esta situación se dio pese a que el pasado lunes, el presidente de la Asociacón Nacional Republicana (ANR) había anunciado que se liberaron los votos para que colorados "voten a conciencia". Legisladores liberales, por su parte, entre ellos el diputado Carlos Portillo, habían dicho no confiar en las palabras de Pedro Alliana, ya que el anuncio se trataba de "una versión para la prensa", siendo que el mandato era precisamente el rechazo pese a las pruebas.

Para aprobar la petición se necesitaba de una mayoría simple de votos (la mitad más uno de los presentes), pero el Partido Colorado contaba con una amplia mayoría propia de 46 de 80 diputados. Si se aceptaba el pedido, McLeod tendría que haber sido separada del cargo por un periodo de tres meses, asumiendo como interventor una persona nombrada por el Ministerio del Interior.

El pedido de intervención, que había sido presentado el 31 de mayo por un grupo de ediles esteños, habla de mal desempeño de la jefa comunal en sus funciones y graves indicios de delitos cometidos en su cargo. Se mencionan 25 hechos puntuales, como “obras pagadas y no terminadas en la plaza Van Aaken que ocasionaron la electrocución y muerte de la niña Sara Amapola, que estaba jugando en la plaza y tocó un cable pelado expuesto en el lugar, producto de la mala terminación”.

También denuncian “graves irregularidades en la aplicación de los recursos provenientes del Fonacide y del Fondo Para la Excelencia de la Educación y la Investigación (almuerzo escolar y financiamiento de proyectos de infraestructura en educación). Falta de envío de la ejecución presupuestaria 2016”.

Igualmente, señalan que hubo “apropiación y estafa a los contribuyentes” por el cobro de impuesto inmobiliario y la expedición de recibos que luego no fueron reconocidos por la Municipalidad; supuestos pedidos de coimas a vendedores que se hallan en la vía pública para darles un puesto de trabajo; la “desaparición” de un millón de dólares que la Itaipú Binacional otorgó para la canalización del arroyo Amambay y el bombeo de agua desde el río Monday hasta el Lago de la República.

Así también, entre otras cosas, se cita la “desaparición y no rendición de cuentas de G. 9.674.000.000 otorgados a la Comuna por el gobierno del entonces presidente de la república Federico Franco para hacer asfaltar 120 cuadras, construir un viaducto en el kilómetro 7 de la ruta internacional y la regularización asfáltica de la Avenida Perú”.