Serían alrededor de G. 10.000 millones provenientes del Fonacide y royalties los malversados e indagar sobre este ilícito lo convirtió en el objetivo de serias amenazas contra su vida, presuntamente por el propio Adolar Schlender, intendente local.
A raíz de esta situación, el fiscal Ricardo Merlo, fiscal adjunto de la Unidad de Hechos Punibles contra los DD.HH., envió una nota al comandante de la Policía, Crio. Críspulo Sotelo, solicitando una custodia especial para el comunicador a fin de salvaguardar su integridad física.
El fiscal realiza este pedido atendiendo a la garantía que ofrece el Estado con respecto al acceso a la información pública y a la libertad de expresión consagrada en la Constitución Nacional.