Petróleos de Venezuela (PDVSA), que el pasado fin de semana comunicó a Petropar la interposición de esa demanda si no abona para esa fecha, calcula que el monto de la deuda asciende a 287 millones de dólares, aunque la firma paraguaya solo reconoce 279 millones de dólares.
“En estos momentos nosotros hemos hecho una propuesta de 50% de quita, estamos hablando de 140 millones de dólares y el saldo le estamos proponiendo a PDVSA cancelarlo este mismo año”, declaró Jara a Paraguay TV.
Jara añadió que se trata de la misma oferta que Petropar hizo el pasado abril a PDVSA, y que se basa en la quita que la petrolera caribeña ya hizo a Uruguay y República Dominicana.
“Nosotros creemos que deberían empezar a aceptar o a considerar nuestra opción. Si están con la consideración abierta de recibirnos para solucionar esto, aceptar la quita que estamos pidiendo o hacer una contraoferta”, explicó Jara.
Agregó que la postura de Petropar se da pese a que el Acuerdo de Caracas, firmado en 2004 por ambos países para el envío de combustible refinado a Paraguay, establece un plazo de 15 años para el pago con dos años de gracia.
Basado en esas condiciones, Jara destacó que en Petropar no están “para nada de acuerdo” en que el monto pendiente de pago pueda generar una demanda por parte de PDVSA.
“El acuerdo establece que cualquier discrepancia deberá ser resuelta en términos amistosos entre las partes, no contempla otra salida que no sea esa, por eso es que nosotros instamos a volver a sentarnos y a discutir esto para la mejor solución entre ambas partes”, dijo Jara al medio estatal.
La deuda de Petropar se remonta a los Gobiernos de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) y de Fernando Lugo (2008-2012).
El plazo dado por PDVSA a Petropar coincide con el apoyo dado por Paraguay a la iniciativa del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de aplicar la Carta Democrática a Venezuela.
Antes de ese apoyo, Paraguay solicitó una reunión de cancilleres del Mercosur para tratar la crisis en Venezuela en el marco del Protocolo de Ushuaia, de compromiso democrático en el ente.