En conversación con ABC Cardinal, el fiscal antidrogas Marcelo Pecci señaló que el papel desempeñado por la Junta Municipal de Capitán Bado sería el punto central de análisis para una eventual apertura de una carpeta fiscal, teniendo como elemento base el hecho de que “Denilso Sánchez, al firmar su acta de abstención, se presentó como estudiante e intendente con permiso de la localidad perteneciente al departamento de Amambay”, lo que tiende a reconfirmar su juramento.
"La primera percepción que tengo es que una de las versiones está faltando a la verdad", dijo refiriéndose por un lado a la versión del titular de la Junta Municipal y del jefe de Policía local acerca de la controvertida ceremonia que data de diciembre pasado y agregó que “un funcionario no solo tiene la facultad, sino también la obligación de notificar si existe un hecho punible”, puntualizó.
No obstante el fiscal aclaró que a él le compete lo referente a la investigación de lo referente al narcotráfico y delitos conexos como el lavado de dinero en lo que respecta a la situación de Sánchez, como así también y a la vez profundizando en la manera en que el político colorado burló el requerimiento contra su persona para asumir como intendente de Capitán Bado, es decir el incumplimiento de la orden privativa de libertad.
“Si en las resultas existiesen elementos para un hecho punible nuevo, tengo que informar al fiscal general e inicie otra causa con otro fiscal que considere apto, como fiscal tengo que demostrar que existen elementos para demostrar un hecho, si el hecho no lo tenemos claro, no podemos aplicar el derecho, si no se adecua a un tipo penal estricto, es inviable un proceso”, recalcó.
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Con relación a las medidas que podrían aplicarse al político colorado, Pecci respondió que el Ministerio Público considera que debe ser objeto de prisión preventiva por la conducta evasiva del imputado, independientemente a que el tipo penal que en este caso es de lavado de dinero contemple medidas alternativas a la prisión. “Si bien no es crimen, es un hecho punible grave con una suma importante de dinero cuyo origen subyacente provendría del narcotráfico”.