06 de Diciembre de 2017 16:00

 

El calvario que no termina

Por Julio Fleitas

El 1994 se produjo un terrible accidente en San Lorenzo, en el que fallecieron dos personas y una quedó gravemente herida y con secuelas. Tras 23 años de juicio, aún no acaba el calvario de los familiares, que siguen sin poder cobrar la indemnización.

Pese a una sentencia judicial definitiva, emitida hace un poco más de dos meses, y que obliga a la empresa de transporte La Limpeña (Línea 49), a pagar la indemnización correspondiente, no se ha logrado el objetivo, lamentó durante una visita a nuestro diario Mirta Orrego, cuñada de Zenaida Sugasti, fallecida en un terrible accidente de tránsito en 1994.

Recordó que en el accidente también murió el chófer de la camioneta  que estaba transportando a dos mujeres y a una bebé de un año ocho meses ese fatídico 16 de marzo de 1994. La empresa en cuestión es propiedad del diputado liberal, Celso Maldonado.

La denunciante llegó hasta nuestro diario en compañía de su sobrina Natalia Orrego Sugasti (25), que en el momento del accidente era una bebé de un año y ocho meses, que se salvo de milagro, pero quedó con secuelas que le marcaron toda su vida, y solo puede movilizarse en silla de ruedas. Mirta comentó que quedó como tutora de la niña desde el mismo día en que su madre falleció.

“Luego de muchas chicanas y apelaciones de la empresa La Limpeña, propiedad de un diputado con mucho poder político y económico, y que ahora -inclusive- va por el rekutu”, hemos llegado a este punto, afirmó Mirta.

Añadió que con la otra empresa de transporte, Panchito López (Línea 29) habían llegaron a un acuerdo extrajudicial. “Sin embargo, con la Limpeña sigue nuestro calvario, conste que la justicia le atribuyó solo el 30% de la responsabilidad del accidente”, se quejó.

Dijo que hace como dos meses mantuvieron una reunión con los  directivos de la firma, justamente cuando salió la resolución judicial, ya que la justicia le había dado un plazo de cinco días para cumplir con la sentencia.

Añadió que, debido a que no volvieron a comunicarse, su abogada, Aurora Galeano, solicitó el secuestro de los vehículos que ya estaban embargados, para ver si de esa forma los responsables de la empresa se presentaban a manifestar algo. “El diputado Maldonado dijo que él tenía la voluntad de que esto termine y que íbamos a llegar a un arreglo, pero hasta ahora no ha pasado nada”, se lamentó.

Consultada sobre lo que pide a la empresa, dijo que le solicitó que pague una suma determinada (no habló de monto), y lo que que queda sea abonado en cuotas, porque -según Maldonado- no tenían disponible la cantidad de dinero que la justicia le obliga a pagar.

Afirmó que, como su hermano, Luis Manuel Orrego, quien inició el juicio, también ya falleció (tuvo tres infartos), ella tuvo que encargarse de su sobrina que se quedó con ella, y es paciente desde hace 23 años de Senadis. Añadió que Natalia tuvo tres cirugías en el cráneo, y 15 intervenciones en todo el cuerpo.

El accidente

En relación a los detalles del accidente de 1994, Mirta Orrego rememoró que su cuñada, con su bebé Natalia y otra mujer, venía en una camioneta Toyota, y que a la altura del Instituto Antirrábico Nacional, en San Lorenzo, fueron atropellados con violencia por un colectivo de la Línea 29, que se adelantó a otro vehículo.

Agregó que con el impacto, la Toyota fue lanzada al otro carril, donde fue “rematada” por el ómnibus de la Línea 49, que iba en sentido contrario y a una velocidad imprudente. A raíz del impacto, el vehículo de menor porte tumbó e dio seis vueltas, con los resultados ya mencionados: fallecimiento de Zenaida Sugasti, la otra mujer y el conductor de la camioneta.

Voto castigo

Mirta Orrego afirmó igualmente que con su denuncia busca concienciar a los electores, que a la hora de votar en las próximas elecciones, apliquen el "voto castigo a esta clase de políticos, que solo quiere poder para mentir y manipular a la gente humilde".

Indicó asimismo que actualmente la hija del diputado Celso Maldonado es concejal de la ciudad del Luque, y su esposa trabaja nada menos que en la Fiscalía General del Estado.

 
 

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