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La puja entre el gobernador José Domingo Adorno (ANR) y su correligionaria, la diputada Marlene Ocampos, sería la causa principal de por qué los estudiantes aun no reciben estos alimentos.
La Gobernación dispone de más de G. 24.000 millones para destinar al complemento nutricional en los ejercicios fiscales de los años 2019-2020.
Los detractores de la parlamentaria la vinculan con la empresa Ladero SA, empresa que distribuyó la merienda y el almuerzo durante su administración como gobernadora. En cambio, los opositores al gobernador Adorno lo acusan de querer favorecer a empresas amigas en la licitación pública.
Tanto la diputada como el gobernador niegan estas acusaciones y sostienen que nada tienen que ver en el proceso del llamado de la licitación.
Tras reiteradas suspensiones del proceso de licitación por la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP), recién el 25 de marzo se pudo realizar en la Gobernación la apertura de sobres de ofertas de las empresas interesadas en la provisión del almuerzo escolar para unos 3.000 estudiantes.
Se presentaron tres firmas, no así los representantes de Comedor Kuarahy de Hugo Bellassai, ni Bell Mount, de Richard Augusto Benítez. Estas empresas presentaron protestas en contra del pliego de bases y condiciones de la licitación y consiguieron que la DNCP suspendiera en dos ocasiones el proceso de licitación.
Los oferentes que se presentaron son “Fiorella Comercial”, de Adriana Riquelme, cuya oferta fue de G. 13.334.112.000; “Don Manuel”, de Manuel Solís, con el monto de G. 16.698.752.928, y Ladero SA, representado por Derlis Iván Espínola, cuya oferta fue de G. 17.403.485.440.
Este llamado de nuevo podría tropezar con otra nueva suspensión, atendiendo a la enorme diferencia de precio de más de G. 4.000 millones presentado entre la oferta más baja y las más alta.
Víctor Rivas, encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Gobernación, acusó a los representantes de la empresa Ladero, quien por más de siete años se encargó de distribuir estos alimentos en el departamento y de estar detrás de estas reiterativas dilataciones con el único objetivo de continuar en el negocio.
El funcionario exhibió copia de una planilla del IPS de agosto de 2018 donde figura Richard Augusto Benítez como asegurado de la empresa Ladero SA. Esta persona, llamativamente, es representante legal de la empresa Bell Mount, una de las firmas que presentaron la protesta en la DNCP y lograron la suspensión del proceso.
La licitación relacionada para la provisión de la merienda escolar a unos 3.500 alumnos y que debía realizarse el pasado jueves 28 de nuevo quedó postergada para otra fecha por protesta promovida contra el pliego de bases y condiciones por la firma Bell Mount.
Así la cuestión y a pesar de iniciar el cuarto mes del año, los escolares de este departamento no saben cuándo podrán recibir estos alimentos.
Quisimos conocer la versión de los representantes de la empresa Ladero SA, ante las graves acusaciones en su contra. Sin embargo, una vez más, nadie respondió al número telefónico de la línea baja que aparece en el portal de licitaciones.