El documento ministerial establece un lapso de 72 horas para que los directores entreguen un informe pormenorizado de las condiciones en que los alumnos desarrollan las clases, específicamente sobre las instalaciones eléctricas, paredes, techo, pilares, vigas y el piso.
A través de esta iniciativa se buscan detectar problemas tales como: fisuras en paredes, defectos en la construcción, descomposición de maderas a causa de termitas, descomposición de vigas de hormigón armado, hundimiento de piso, desprendimiento y corrosión del mismo.
Cada director deberá calificar el estado de cada uno de estos aspectos y a partir de ello establecer el orden de importancia para la correspondiente asistencia. Cabe recordar que al menos el 53% de las escuelas requiere de algún tipo de refacción, muchas de ellas llevan décadas sin intervenciones.
Un ejemplo de tal situación es Escuela Virginia Ayala de González, ubicada en la compañía Tapé Guasú de Piribebuy, donde se produjo el derrumbe de parte del techo, e hirió a unos ocho alumnos, dos de ellos de consideración. Esta institución educativa nunca fue objeto de mantenimiento en su estructura, sumado al hecho de no poseer varillas, lo que fue calificado como una irresponsabilidad criminal.
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